El Proyecto de Ley del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha ha recibido un total de 46 enmiendas, siendo 28 de Podemos, 10 de los socialistas y 8 de los ‘populares’.

En las enmiendas de Podemos, la formación morada propone que la Junta se persone en la forma en la que establezca la ley en procedimientos penales, siempre y cuando afecten a la pluralidad de las personas consumidoras de la región; que las administraciones públicas de la región impulsen, en casos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual como consecuencia del incumplimiento del deudor, un procedimiento de mediación previo a otro de carácter judicial o intervención notarial, para que la persona conserve la propiedad o pueda mantener su uso y disfrute subsidiariamente.

Este proceso de mediación, la formación morada también pide extenderlo a las «situaciones de sobreendeudamiento derivado de las relaciones de consumo», con el objetivo de que se pongan en marcha medidas que den lugar a la reestructuración de la deuda.

Asimismo, aboga por que las entidades que hayan cedido un crédito hipotecario deban informan por escrito de esta cesión a la persona con la que hubieran firmado el contrato de préstamo con hipoteca u otro tipo de préstamo, y que si esto se incumple se considere infracción grave, o muy grave.

Además, piden considerar como mérito a aquellos establecimientos que no establezcan precios diferentes en productos cuya única diferencia sea que el destinatario sea hombre o mujer, y que esto sea el precepto para la concesión un distintivo a las mejores prácticas de consumo.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado ocho enmiendas al texto entre las que destaca que se rebajen las cuantías de multas por infracciones graves, «pues son excesivamente elevadas y en muchos casos supondrían la quiebra automática del autónomo, empresario o comerciante que hubiese incurrido en tal infracción». También pide que como respuesta a una infracción leve se amoneste por escrito o se imponga una multa de 150 euros, y no ambas como se recoge en la norma.

De su lado, la principal modificación que quieren incorporan los socialistas a esta ley es incluir un derecho relacionado con el medio ambiente en el artículo 5, que recoge los nuevos derechos de los consumidores, para promover un consumo responsable que fomente el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible.