Podemos mantiene su apuesta por implantar en 2019 una renta básica regional. La Consejería para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas acaba de cerrar un nuevo borrador de su anteproyecto para la Ley de Garantías -y ya van tres-, con el objetivo de llevarlo cuanto antes al Consejo de Gobierno.

Borrador que aunque rebaja ligeramente las primeras aspiraciones ‘moradas’ en torno a esta renta (de los 50 millones anuales del documento presentado en verano se ha pasado a 42,9), no cambia para nada su espíritu. Algo que puede entenderse como un órdago al PSOE y suponer a la postre el fracaso final de esta iniciativa legislativa. Y es que el peso de estas ‘garantías ciudadanas’ sigue recayendo en más de un cincuenta por ciento sobre esta tan traída y llevada renta básica.

Como apuntan fuentes del Gobierno regional, para el presidente García-Page y su equipo el problema no está tanto en el dinero como en la idea de «subsidio» que subyace en esta renta básica. «Hemos sido sinceros desde el principio y ya hemos dicho que el problema de este anteproyecto está en el modelo que defiende», señalan. «Nosotros apostamos por la garantía de rentas a través del trabajo, no por un modelo basado cien por cien en los subsidios».

Con todo, a día de hoy no hay aún ninguna puerta cerrada a la negociación de esta ley con Podemos, según insisten a La Tribuna. Más allá, eso sí, de los escasos cuatro meses de legislatura que quedan por delante.

A favor del acuerdo está que el otro que otro gran pilar de esta ley son los planes de empleo, la gran apuesta de García-Page en esta legislatura. De salir adelante, se consolidaría esta iniciativa socialista, que tendría ‘por ley’ un presupuesto anual superior a los 19 millones de euros. Sin olvidar tampoco que esta Ley de Garantías fue una de las condiciones sine qua non de Podemos para entrar en el Gobierno regional y, sobre todo, para sacar adelante los presupuestos de la Junta para 2017 y 2018.

Uno de los principales cambios de este tercer borrador está en su memoria económica. Como ya se ha dicho, se rebaja de 50 a 42,9 los millones previstos para esta renta. Una renta que vendría a sustituir al actual Ingreso Mínimo de Solidaridad, que a día de hoy cuenta con una partida de 15,4 millones, superándolo en cuantía (446 euros/mes) y tiempo de cobro (un máximo de dos años).

En este sentido, la última propuesta de renta básica de Podemos oscila entre los 50 y los 525 euros al mes, dependiendo de si hay o no otros ingresos en la unidad familiar. Son 75 euros mensuales menos que el tope previsto el pasado verano.

 No obstante, habrá rentas que superen estos 575 euros. Dependerá en este caso del número de miembros de la unidad familiar y, especialmente, de la presencia de menores o dependientes. El tope a cobrar será en este caso de 814,8 euros/mes (antes eran 944,41).

 Como requisito para recibir esta renta, a parte de la necesidad económica, estaría la obligatoriedad de demostrar que se lleva al menos dos años residiendo en Castilla-La Mancha y como mínimo uno de forma autónoma. Dos requisitos que no serían aplicables a las mujeres víctimas de violencia machista.

Lo que se sigue descartando es la creación un impuesto específico para cubrir el coste ‘extra’ de estas rentas. En la memoria económica presentada por la Consejería de Garantías Ciudadanas no se plantea, al menos a priori, esta cuestión. Es más, se deja claro que «la inversión presupuestaria necesaria para asegurar el Derecho de Garantía de Ingresos se implementará con cargo a fondos propios del presupuesto de gastos de la Consejería que tenga atribuidas la implantación y gestión de la Renta Garantizada».

¿Y por qué no se necesitaría ningún ingreso ‘extra’ para financiar la renta básica? Pues, según los cálculos de Podemos, «cada euro invertido en el sistema de garantía de ingresos repercute en la producción de Castilla-La Mancha en 1,43», ya los ingresos que perciban las familias irá al consumo de bienes básicos como ropa o alimentación, distribuidos por un comercio de cercanía ubicado en la propia región.

Desde el PSOEno se ve tan claro. Es más, se preferiría que, de existir esta renta garantizada, ésta se regulara por una ley estatal y, por tanto, contara con su correspondiente partida en el ámbito de la Financiación Autonómica.

La cuestión aquí será ver cómo afecta esta discrepancia a la a salud del pacto de Gobierno entre PSOE y Podemos en Castilla-La Mancha. Más aún con las elecciones a la vuelta de la esquina. Se verá.