En función de aspectos como la antigüedad del edificio, las inspecciones deben pasarse cada dos, cuatro o seis años, como lo estipula la normativa del Gobierno de Castilla-La Mancha, que es el que tiene las competencias. Las empresas que se encargan de las conservación de estas instalaciones tienen la obligación de poner en conocimiento cualquier desperfecto que se detecte en las mismas.