Sorpresa y asombro. Es lo que causó ayer el breve comunicado del Tribunal Supremo donde se informaba de que el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo tendrá que confirmar o no el cambio de criterio anunciado el jueves por el cual se hace a los bancos responsables de costear el impuesto de actos jurídicos documentados en las hipotecas sobre vivienda. La noticia del jueves abría a la puerta a miles de reclamaciones por cantidades económicas que puedan estar en torno a los 3.000 euros por préstamo, pero la nota informativa de ayer llama a la calma, y a revisar la doctrina jurisprudencial ante la «enorme repercusión económica y social» del caso.

Por parte de los clientes de los bancos, desde la Unión de Consumidores UCE Albacete la respuesta a este posible nuevo cambio de doctrina era de estupefacción. Su presidente, José María Roncero, aludía además a esa repercusión social de la que habla el Supremo: «Lo que tiene repercusión social es que algo que es justo, se exponga ahora a Pleno y se inste a dar marcha atrás, para al final perjudicar a los de siempre, a los consumidores y a los usuarios; espero que no haya otras presiones, que es lo que realmente estará ocurriendo, y que no se dificulte una medida que favorecía ahora a muchísimas familias». El presidente de UCE subrayaba que «se trata de gastos que han impuesto los bancos para tener ellos la sartén por el mango, veremos qué pasa».

Del espectro jurídico, el breve comunicado de ayer era visto también con sorpresa. Segundo Dehesa, abogado en Albacete que lleva muchas demandas de este tipo contra entidades bancarias, incidía en la «inseguridad jurídica» que causa el Supremo, aunque para él la nota de ayer del tribunal no cambia la sentencia del día anterior: «La jurisprudencia que hay es la del jueves, que dice que los impuestos los paga el banco, ese es el criterio. Cuando se reúna la sala, y tome otra decisión, habrá un cambio de jurisprudencia o no. Pero las sentencias no pueden cambiarse, esa sentencia es inamovible». Dehesa añadía que desgraciadamente «nos tienen acostumbrados a esta inseguridad jurídica abismal». Más información en edición impresa