El cambio en los requisitos para que las familias puedan acceder al bono social eléctrico y al descuento en su factura energética se ha hecho notar en el número de solicitudes de familias albacetenses rechazadas por no cumplir esos nuevos requisitos. A cierre de 2018, en la provincia había aceptadas 18.500 solicitudes, según datos facilitados a La Tribuna desde Iberdrola, pero al mismo tiempo se habían rechazado otras 1.916 peticiones de bono social, rechazos motivados por no cumplir los nuevos requisitos, donde se tiene en cuenta el nivel de renta de las familias, y no solo la potencia contratada.

Con la regulación anterior del bono social, explicaban las mismas fuentes de la compañía energética, las personas con una potencia contratada inferior a tres kilovatios en su vivienda habitual podían acceder al bono social, fuese cual fuese su situación económica. Esa situación que no atendía criterios de renta motivó que «el 72% de los beneficiarios del antiguo bono social lo fueron por esta causa», tener menos de tres kilovatios. 

MENOS POTENCIA. Desde el sector se indica que los nuevos criterios han corregido ese problema, porque aunque tener contratada una potencia reducida puede ser, en ciertos casos, un indicador de bajo nivel de renta, «lo cierto es que en la mayor parte de los casos se trata de consumidores cuyo nivel de renta no justificaría la aplicación de una medida asistencial como es el bono social». La casuística es variada. Pueden ser «casos que incorrectamente constan como vivienda habitual, pero se trata de contratos de trasteros, garajes y cocheras o segundas viviendas vacacionales», ya que en julio de 2009 «se dieron en automático los bonos sociales a la mayoría de estos suministros y, por ello, no tuvieron que presentar ningún documento». También hay casos como «viviendas habituales donde la calefacción, el agua caliente sanitaria o la cocina utilizan el gas natural u otra energía diferente a la electricidad», que de esa forma tenían contratada la potencia inferior a tres kilovatios, y «casos en que la potencia está mal informada en los contratos o que no tienen limitadores de potencia».

Las nuevas condiciones del bono social ponen fin a esas situaciones. Ahora el bono social se otorga en función de una clasificación que tiene en cuenta la renta de las familias. El Ministerio de Industria explica que cualquier familia que quiera pedirlo debe primero tener contratado el PVPC ( precio voluntario para el pequeño consumidor), el contrato eléctrico establecido por el Gobierno en el que lo pagado por la electricidad consumida es directamente el precio de mercado de la energía, más impuestos y peajes.