Este ha sido uno de los decretos aprobados en el último Consejo de Gobierno que ha sido presentado ante la prensa por el portavoz de la Junta. Nacho Hernando ha señalado que este decreto se aprueba por criterios de seguridad y salud pública, atendiendo la petición de las Fuerzas de Seguridad del Estado que hasta ahora controlaban en solitario este tipo de establecimientos. El decreto hará valer las normas que deben cumplir estos locales, cuya infracción puede suponer sanciones que van de los 3.000 hasta los 600.000 euros. Se vigilará especialmente que no entren menores de edad a ellos, algo expresamente prohibido. Para ello, se habilitará un cuerpo específico de inspectores, dependiente de la Consejería de Hacienda, con rango de agentes de la autoridad.

Preguntado sobre si el repunte de la ludopatía que se denuncia en diversas partes de España por la proliferación de estas casas de apuestas ha llevado a poner en marcha este decreto de inspecciones, el portavoz fue muy crítico con la liberalizacion de la ley regional del juego aprobada por el PP en 2013. Señaló que esta reforma llevó de los 50 locales existentes entonces a los 250 que se estima hay ahora en Castilla-La Mancha, pero no se previó paralelamente una inspección de los mismos para evitar consecuencias indeseadas sobre un auge de la ludopatía. Hernando minusvaloró los ingresos que este sector pueda generar en la Adminsitración regional vía impuestos, afirmando que "no podemos hacernos trampas al solitario. Castilla-La Mancha no va a hacerse rica haciendo apuestas".