Casi 31.400 resultaron tener un grado superior al 33% que es el límite que establece la ley para poder acogerse a distintas ayudas de dinero, exenciones fiscales o descuentos en servicios. Son los últimos datos hechos públicos hace unos meses por el Observatorio de la Discapacidad, tras depurar las estadísticas hasta enero de 2015.