IU cree que la colocación de cámaras en el centro del casco urbano para asegurar qué vehículo comete una infracción es irregular "al ser un derecho que se pierde con una máquina que interpreta la ley". El grupo SPV afirma que la medida tiene un acuerdo del que nadie sabe nada de tres contratos a la misma empresa de 18.000 euros, "no digo que sea ilegal pero no han consultado a nadie".