L a ola de frío anunciada por la Agencia Estatal de Meteorología no consiguió ayer que más de 200 trabajadores de las residencias de tercera edad dejaran de concentrarse ante la Puerta del Cambrón, en Toledo, para protestar por los impagos del Gobierno regional. A gritos de "Queremos cobrar", "No somos voluntarios, somos trabajadores" o "Cospedal, divina, trabaja de interina", la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (Artecam) reclamaba al Ejecutivo los diez meses de salarios que se les debe. A 31 de enero, la deuda de la Junta asciende a 110 millones de euros, con un sector en el que trabajan unas siete mil personas que atienden a unos 5.500 usuarios.
Sin embargo, lo que comenzó con éxito en la citada Puerta toledana se fue tornando en fracaso según se avanzaba por la calle Reyes Católicos. A la altura del Museo de El Greco, la Policía Nacional impedía el paso de la marea que intentaba llegar al Palacio de Fuensalida.
Ante la negativa policial, los más de doscientos trabajadores concentrados decidieron permanecer en el acceso a la plaza durante algo más de media hora bajo continuos pitidos y gritos de "Manos arriba, esto es un atraco", "Cospe, da la cara" o "Que salga Cospedal".
empresas en concurso. Momentos antes de partir hacia la sede del Gobierno regional, el presidente de Artecam, Juan José Nuñez, leyó un manifiesto en el que se denunciaba la situación de los trabajadores de las residencias de mayores de la Región. Desveló que el diez por ciento de las empresas se encuentra en situación de concurso de acreedores y lamentó que el Ejecutivo autonómico no haya puesto en marcha «después de siete meses, ni una sola medida de choque que frene la tragedia» de los trabajadores.
Y es que, dijo, los impagos de la Junta de Comunidades están provocando impago de nóminas, de seguros sociales, de impuestos y de proveedores, además de la falta de crédito por parte de entidades financieras. «En este momento estamos abocados a una agonía sin tratamiento paliativo, sin salida, sin respuestas, con la única fortaleza que supone la catadura humana y profesional de nuestros trabajadores y el histórico reconocido nivel nacional de nuestras empresas», señaló Núñez, quien recordó que los castellano-manchegos pusieron en manos de Cospedal «su confianza» para afrontar «la herencia recibida».
No obstante, señaló que están «dispuestos a seguir trabajando codo con codo con la Administración, pero hoy son sus responsables quienes tienen que dar una respuesta».
Los funcionarios también protestaron. Casi al mismo tiempo y también en Toledo capital, los delegados sindicales de CCOO, UGT, la Federación FESE (que aúna a Anpe y Stase) y la Intersindical se concentraban a las puertas de la Consejería de Administraciones Públicas para denunciar lo que dicen es un nuevo desplante del Gobierno regional a los trabajadores públicos.
Como ya va siendo costumbre en estos casos, la reunión de la Mesa de la Función Pública terminó ayer con la salida de todos los sindicatos presentes menos CSI-F, al entender que la Junta les había vuelto a convocar para «imponer» un nuevo «recorte a sus derechos» y no para «negociar», que sería el fin último de los representantes sindicales en este tipo de foros.
En esta ocasión se trataba de hablar de la recolocación de los trabajadores de los centros de formación del profesorado (que se agruparán en un sólo), pero, como insistieron, en el 90 por ciento de los casos que se reúne a los sindicatos es para «informar de hechos consumados», relacionados con «nuevos recortes en nuestros derechos y condicionales laborales». Condiciones que, a día de hoy, están al nivel de 1998, tal y como denunciaron.
Preparados para la huelga. La concentración de ayer -que congregó a cerca de un centenar de sindicalistas- sirvió de aperitivo sindical a la manifestación convocada para el sábado 11 de febrero también en Toledo y, de no cambiar las cosas, para las huelga general del sector público prevista para el 29 de este mismo mes. Y los lemas son claros: "No a los recortes" y "En defensa de lo público".
Y la Junta ofrece un acuerdo de financiación a las residencias
Pocas horas después de la concentración del sector de las residencias de mayores por la calles de Toledo, el Gobierno regional presentaba un acuerdo de financiación a este colectivo, por el que Caja Rural de CLM da una solución «temporal, pero eficaz», a los problemas de falta de fondos de estos centros, «que vienen soportando desde hace muchos meses por los impagos arrastrados desde los Gobiernos socialistas», según la Junta.
Así, Caja Rural de CLM admite la presentación de facturas mediante endoso y reconocimiento de deuda desde marzo de 2011. La entidad financiera se compromete con cada una de las entidades de la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (Artecam) a analizar cada caso. Desde la firma del acuerdo, las empresas pueden presentar sus facturas por el plazo de un año y acceder a la financiación de su deuda con un interés preferente del 5%. Además, se ofrece a los trabajadores que cobren su nómina por esta entidad el adelanto de tres nóminas.