Promoción de VPO en la Avenida José Prat.
La figura de la vivienda de iniciativa público-privada (VIPP) que la Junta lanzó en 2008 aparece como una de las tipologías de vivienda pública en el Plan Regional de Vivienda, aunque será la demanda del sector privado la que marque cuándo se lance una nueva convocatoria a la que se puedan acoger los promotores. La creación de este tipo de vivienda, anunciada por el presidente Barreda hace casi dos años, implicaba que un promotor privado aportara el suelo y recibiera mejoras en la financiación, así como la garantía de venta de esa promoción, siempre que se adaptara a los requisitos de la VIPP. En los cálculos de la Junta, se hablaba de la existencia de 40.000 demandantes de vivienda en la región y por otra parte de un ostentoso parque de viviendas por vender. Oferta y demanda que las viviendas VIPP podrían poner en conexión.
Estos planes de la Junta se tradujeron en una primera convocatoria a la que respondieron promotores de las cinco provincias, aunque sumando entre todos la promoción de 1.557 viviendas VIPP, si bien fueron seleccionadas 1.081. De ellas, sólo 150 se construyen en la provincia de Albacete, 46 de ellas en la capital -que ya ha empezado a construir Albain-, 62 en Almansa y 42 más en la población de Villarrobledo.
La Junta esperará ahora a que haya demanda privada para lanzar una nueva convocatoria, aunque en lo que respecta al sector privado en Albacete la opción de las VIPP no parece la más útil. Desde la Asociación Provincial de Empresas de Construcción y Afines, Apeca, se señalaba a la constitución de estas viviendas como una «auténtica barbaridad», en cuanto a que su precio de venta es un 10% superior al de las Viviendas de Precio tasado (VPT).
NIVEL DE RENTA ALTO. Además, con ese precio, el nivel de ingresos de los adquirentes que marca la norma es «bastante alto» (7,5 veces el Iprem, índice de cálculo de las ayudas), por lo que todavía desde Apeca se preguntan «quién hace estas viviendas, y a quién van destinadas», teniendo en cuenta que se trata de inmuebles de hasta 70 metros cuadrados con un precio por metro que oscila entre los 1.400 y los 2.065 euros el metro cuadrado. En el caso de la VPT, con una superficie que puede llegar hasta los 135 metros, el precio del metro cuadrado va desde 1.273 euros y hasta los 1.877 euros.
Así se contempla en el Plan de Vivienda que la Junta aprobó en noviembre pasado, y que se proyecta hasta el año 2012. Para el sector de la construcción de Albacete, la promoción de las llamadas viviendas VIPP no es el único blanco de las críticas.
NIVEL DE RENTA ALTO. Desde Apeca se apuntaba por ejemplo al hecho de que «se establecen ayudas para personas con un nivel de renta de 2,5 veces el Iprem, lo que supone que los destinatarios de las VPO son personas con unos ingresos de 25.500 euros». Una «enorme paradoja», ya que, recuerdan desde Apeca, las ayudas «se orientan a ciudadanos a los que, por esos mismos ingresos, no les concederán el crédito hipotecario». En su lugar, desde el sector privado se apuesta a que la Junta ayude a mas hogares, y todo ese dinero «No quede embalsado» en posibles compradores de una vivienda que sin embargo no tienen la hipoteca necesaria.
Las críticas al quinto Plan Regional de Vivienda desde Apeca también van dirigidas a algo que ya ha sido subrayado desde el sector de la construcción privado, y es el hecho de que haya una determinada competencia desde la administración a través de empresas públicas a la hora de promover vivienda: «El decreto regula los diferentes modos de intervención de la Consejería, para construcción de VPO, mediante la promoción concertada, convenida, directa... Lo que de manda ancha para que proliferen las actividades de empresas públicas que, cada vez más, se convierten en administraciones paralelas», apuntaron desde la asociación Apeca.
«COMPETENCIA DESLEAL». En la asociación de empresas de la construcción de Albacete se tiene claro que esta práctica «cada vez más común» supone «una competencia desleal a la iniciativa privada», por lo que se volvía a reclamar a la administración que realice políticas encaminadas a urbanizar suelo «para ponerlo a precio barato a disposición de los ciudadanos, contribuyendo con ello a la contención del precio de la vivienda», la cuestión que, a juicio del sector privado, «siempre ha sido el caballo de batalla».
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