Un edificio de viviendas en construcción, en la capital.
Para el PP en el Ayuntamiento de Albacete, la política en materia urbanística que realiza la alcaldesa, Carmen Oliver, y el equipo de gobierno municipal «no tiene otra finalidad que la de obtener ingresos urbanísticos para seguir financiando gasto corriente» y que, además, «no da respuesta a las necesidades de los albaceteños que desean acceder a una vivienda a precio asequibles». Así lo manifestó ayer en una comparecencia el concejal del PP Javier Cuenca, que dio a conocer que en la última Junta Rectora del Imvua (Instituto Municipal de la Vivienda), Oliver presentó, para su aprobación, el presupuesto del mismo, cuya previsión inicial de ingresos y gastos es de 1.099.567,15 euros, frente a los 1.193.033,99 euros del 2009.
Sin embargo, el PP votó en contra porque, según se desprendía del informe del Interventor, «el gasto corriente se ejecuta financiándose parcialmente con ingresos procedentes del aprovechamiento urbanístico y enajenación del suelo». Añadía que se prevén enajenaciones de suelo y aprovechamientos por 841.000 euros y se ejecutan en gasto inversiones por sólo 600.000 euros, por lo que «se financia gasto corriente con ingresos de capital urbanístico de 241.010 euros», criticó el concejal del Grupo Popular, que alegó que, con esta actuación, «ni se respeta la legalidad vigente» ni se da solución al problema de falta de vivienda de calidad con precios asequibles de los albaceteños.
RENUNCIAS. Cuenca recordó que ya el año pasado el PP se opuso a la aprobación del presupuesto de este organismo por la misma razón pero que la alcaldesa insiste en seguir esta práctica.
Añadió, asimismo, que, mientras la alcaldesa «sigue financiado gasto corriente del Instituto Municipal de la Vivienda a costa de los más de 6.000 albaceteños que esperan la oportunidad de acceder a una vivienda a precios asequibles, éstos siguen sin obtener una respuesta ante la tan compleja y dramática situación económica que estamos padeciendo».
No sólo eso, dijo Javier Cuenca, sino que, para el edil popular, Oliver «permanece impasible ante las renuncias de los adjudicatarios de viviendas protegidas, como ocurrió, con las últimas viviendas entregadas en el Sector 12, donde se contabilizaron casi una veintena de renuncias, y es que hay que recordar que el 80 % de las renuncias de las viviendas protegidas son por denegaciones de la hipoteca», añadió.
A ese problema no ayudan, dijo Cuenca, las medidas anti-crisis que presentó el equipo de gobierno. «No basta con asegurar a una persona adjudicataria de una vivienda protegida que no pueda ser titular de un préstamo hipotecario que va a tener preferencia en la próxima promoción, sino que es necesario promover medidas eficaces que garanticen que la adjudicataria no tenga que renunciar a la misma», reclamó.
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