Fachada del Ayuntamiento de Albacete, para el que trabajan 1.500 personas.
Nuevo varapalo judicial con el tema de las productividades es el que se ha llevado el Consistorio albaceteño. El concejal del PP José Luis Serrallé dio a conocer la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Albacete por la que los tribunales «declaran ilegales y anulan de pleno derecho» la concesión de varias productividades por importe global de 310.889 euros y que beneficiaron a 37 trabajadores.
En concreto, especificó el concejal, lo que se anula en esta nueva sentencia es el pago de 98.000 euros a seis trabajadores del servicio de Infraestructuras, de 19.000 euros a seis trabajadores del servicio de Medio Ambiente, de 94.392 euros a 12 trabajadores del servicio de Gestión de Multas y de 99.497 euros a 13 trabajadores del servicio de Gestión de Ingresos.
Según Serrallé, «los funcionarios cobran su sueldo y tienen un complemento de destino» y la ley contempla que pueden percibir también gratificaciones extraordinarias en concepto de productividades siempre y cuando, como se indica también en la sentencia, «se hayan fijado los objetivos con anterioridad pero, en este caso, los objetivos se aprobaron en diciembre de 2008, cuando ya se habían hecho los trabajos».
Precisamente esta circunstancia, alegó el concejal popular, es lo que llevó a los representantes de este Grupo a calificar que «lo que se ha hecho es una chapuza, desde el principio» y a denunciarlo ante los tribunales.
El revés de los tribunales le llega al equipo de gobierno municipal después de que a mitad del pasado mes de octubre les llegara el primero, con una sentencia en la que, atendiendo a la petición del sindicato UGT, se anulaba el pago de las productividades, pero sólo referidas a las percibidas por los seis trabajadores del servicio de Infraestructuras, es decir, 98.000 euros. En aquella ocasión el equipo de gobierno recurrió y están a la espera de ver el resultado.
CANTIDADES EXAGERADAS. Según Serrallé, al hecho de que casi cerca de 40 trabajadores hayan percibido más de 300.000 euros se le une que, en algunos casos, hay funcionarios «que han percibido cantidades exageradas, que llegan a los 24.000 euros, aparte de su sueldo y de lo que luego perciban por las productividades del Plan de Barrios y del Plan ZP, que también están recurridas».
Desde el PP insisten en que «el dinero público se debe manejar con seriedad» y, apuntó Serrallé, «puesto que la portavoz de IU en algún momento ha dicho que no están conformes con el sistema de productividades de este Ayuntamiento, le pedimos que haga un ejercicio de responsabilidad y exija al equipo de gobierno que no recurra la sentencia ni se demore su ejecución».
De cumplirse la sentencia, los trabajadores deberán devolver ese dinero ya cobrado. «Con él, perfectamente se puede hacer frente a los compromisos acordados en el Acuerdo Marco con los trabajadores y no aplazarlos», aseguró.
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