El pasado año dejó tras de sí también, recuerda el titular del Juzgado de lo Social número 3 de la capital, una reforma de la Ley de Procedimiento Laboral de manera que si bien antes los expedientes de regulación de empleo una vez resueltos por la autoridad laboral se recurrían ante la jurisdicción contenciosa con la lentitud que esto conllevaba, ahora, por contra desde diciembre estos recursos van a pasar a los Juzgados de lo Social, con lo que se ganará en tiempo pero «igualmente supondrá incrementar la carga de trabajo de unos órganos ya de por sí con bastante carga» por lo que dado que no se va a crear el cuarto Juzgado, «aunque se necesita», si al menos lo aconsejable sería poder contar con un juez más.

Al margen de los efectos de esta reforma, en lo que son recursos lo cierto es que la mayoría de los procedimientos que llegan hasta estos juzgados se resuelven en primera instancia siendo escasos los que acaban vía recurso en segunda instancia. El motivo fundamental no es otro que para recurrir hay que consignar la cantidad a abonar en una provincia además, en donde, el Fondo de Garantía Salarial viene haciéndose cargo de entre el 60% y el 65% «de los pagos de los asuntos que llevamos», simplemente por la situación de insolvencia en la que «están inmersas muchas empresas a nivel interno y externo por las dificultades que encuentran si tienen que pedir el dinero».

Más información en edición impresa