Opinión

12/03/2010

EDITORIAL

Unas expectativas venidas a menos en Dependencia

latribunadealbacete.es

La Ley de Dependencia se puso en marcha en 2007 a nivel nacional con unas expectativas muy halagüenas para el sector, tanto por la extraordinaria medida puesta en marcha para estar con las personas discapacitadas, como por los innumerables puestos de trabajo que iba a crear. Algo que, sin duda, en época de crisis podría haber resuelto el futuro de más de una familia. Sin embargo, los fríos datos ponen sobre la mesa que de las 14.814 solicitudes presentadas en la provincia desde que entró en vigor la ley, han sido 6.397 beneficiarios que habrán visto como sus vidas mejoran. A nivel regional, en Castilla-La Mancha solicita la Dependencia el 3,3% de la población, y en la provincia de Albacete es del 3,18%. En cuanto a la provincia en la que más solicitudes se presentan es en Cuenca con un seis por ciento.
El caso es que desde la Junta de Comunidades ha sido la delegada de Salud y Bienestar Social, Angelina Martínez, quien ha reconocido que «la Ley de Dependencia no ha cubierto las expectativas planteadas», porque «no se han creado tantos empleos como se pudiera prever» de psicólogos, terapeutas, fisioterapeutas o trabajadores sociales.
Otro de los puntos por donde flaquea la Ley de Dependencia ha sido en la resolución de la ayudas, porque algunas personas no tienen derecho a recibirlas, ya que su nivel de dependencia, una vez valorado, es más pequeño que lo que podía prever.
El tercero de los problemas que se observa en la mencionada ley, con la perspectiva que da el tiempo, son los meses de espera que tienen que sufrir miles de familias, ya que tardan cerca de un año en recibir las prestaciones que sí que son vitales para personas con discapacidad o con enfermedades irreversibles que necesitan ayudas como agua de mayo, para llevar una vida lo más digna posible pese al haberse encontrado con obstáculos y barreras difíciles de saltar. Todo lo referente a la discapacidad es muy caro, como muestra se puede decir que de media una plaza en una residencia cuesta más de 1.500 euros, un centro de día, 700, o la ayuda a domicilio, 781 euros. Si desde las administraciones, sin importar el color político, ya han puesto la voz de alarma de que las expectativas no se han cumplido, desde el Gobierno nacional deberían empezar a ponerse todos los mimbres para que una ley social como ésta sea un éxito absoluto y no esté enmarañada con los meses de espera que ponen de manifiesto las deficiencias del Estado en asuntos tan importantes como éstos, donde una ayuda a tiempo puede salvar una vida.    

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