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Opinión
Tribuna libre

Al César lo que es del César

Jorge Laborda - sábado, 31 de enero de 2009

Desde hace un tiempo, los ataques de la Iglesia Católica a los avances de laicidad del Estado español han arreciado en todos los ámbitos. Al parecer, la Iglesia Católica cree que un Estado laico debe ser combatido porque induce también a serlo a los ciudadanos. Considero que esta postura es equivocada

El laicismo es una cuestión, en efecto, de estado, pero no de los ciudadanos. Un ciudadano no puede ser laico. Puede ser católico, musulmán, judío o ateo, pero no laico. El Estado laico, precisamente, no obliga a nadie a abandonar sus ideas religiosas, o la ausencia de las mismas, ni a abrazar ninguna. No induce a ningún ciudadano a ser laico, lo cual es imposible. Simplemente, el Estado laico adopta una postura neutral ante las diversas creencias. La laicidad significa que la religión no es asunto del Estado y, por tanto, cualquier convenio o contrato con la Iglesia Católica o con otras religiones no debería tener cabida en el mismo. En este sentido, el Estado Español, en mi opinión, no es todavía laico, lo cual queda además demostrado por la presencia de símbolos y ceremonias de naturaleza religiosa, y en particular católica, en muchos de sus actos oficiales.

La Iglesia Católica no puede ni, por mucho que insista, posee autoridad moral, para imponer su religión al Estado. Ni la Iglesia Católica, ni el resto de religiones, por supuesto. Por otra parte, cualquier Estado verdaderamente democrático debería, por su propia naturaleza democrática, ser laico y defender la laicidad como uno de los pilares de la misma democracia.

La propia Iglesia Católica debería igualmente defender esta postura por su propio interés, ya que si bien no le beneficia directamente, tampoco le perjudica, lo que podría suceder, como ha sucedido o sucede aún en otros países. Que el Estado se mantenga al margen del debate religioso es la mejor garantía de una verdadera libertad religiosa, libertad que disfrutamos con otros asuntos en los que el Estado, afortunadamente, se mantiene al margen. ¿Imagina usted un Estado hincha del Real Madrid o del Barcelona que pusiera en marcha políticas para aumentar los afiliados a su club y penalizara a quienes no fueran también hinchas del mismo? Si esto es impensable para un asunto tan banal como el fútbol, lo es aún más para un asunto tan importante y tan íntimo para cada ciudadano como la religión.

Si en una democracia, como la española, la Iglesia desea aumentar el número de sus fieles, o al menos que estos no disminuyan, debe hacerlo sin atentar contra la laicidad del Estado. Debe, exclusivamente, dedicarse a convencer y a atraer hacia su dogma y doctrinas a los ciudadanos basándose en la palabra de Cristo o de la autoridad religiosa que mejor le parezca.

La Constitución española defiende la libertad de expresión, y por supuesto, esta libertad se extiende a la expresión religiosa. La Iglesia posee los medios necesarios para difundir su palabra y sus ideas y no parece que la difusión de las mismas sea impedida por el Estado español.

Si los ciudadanos españoles encuentran las ideas religiosas convincentes o atractivas, si las encuentran cercanas a la Verdad, seguramente las abrazarán. Si no las abrazan, por mucho que insistan los que en ellas creen, es seguramente porque quizá no sean tan convincentes ni cercanas a la Verdad, ni siquiera a la verdad con minúscula, como sus defensores creen, pero en absoluto porque el Estado esté manipulando a sus ciudadanos para convertirlos en antirreligiosos.

El hecho de que el Estado español haya decidido aumentar las libertades civiles para aquellos que no abrazan los valores y doctrinas de la Iglesia Católica (matrimonio homosexual, aborto, etc.) no supone actuar como anticatólico, sino simplemente como laico y respetuoso de los derechos de quienes no creen en esos valores y doctrinas. El Estado laico y democrático debe respetar todas las creencias y valores mientras se encuentren dentro de la legalidad e impliquen decisiones que afectan solo a la vida de adultos libres y no a la sociedad en su conjunto.

La Iglesia Católica, si de verdad tiene fe en sus valores, debería dedicarse a difundirlos y propagarlos por el valor que poseen en sí mismos, y dejar al Estado al margen de sus problemas, que en mi opinión quizá residen, al menos en parte, en algunas de las ideas que tanto defienden.

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