Opinión

12/03/2010

Opinión

Pensiones, crisis y codicia

Francisco Delgado

Asistimos a una situación lamentable, a la que nos ha conducido un sistema capitalista basado, entre otros factores, en el dios mercado, en la cultura de la codicia y de la insolidaridad. No sólo han provocado que, en este inicio del siglo XXI, en muchas partes mueran millones de seres humanos a tempranas edades, por la hambruna, la miseria y enfermedades, curables en el mundo desarrollado y del bienestar, sino que, además, en este mundo más cercano el que consideramos nuestro, las bolsas de pobreza cada vez son mayores, la acumulación de la riqueza se concentra y el bienestar se desmorona. ¡Y hay quienes le echan la culpa a la inmigración! Pues, gracias a éstos -los emigrantes- la Caja de la Seguridad Social se han inflado.
En épocas de crisis, la mayoría de los que controlan el sector financiero y otros sectores punteros se hacen más ricos. Y son éstos, los que han fomentado la avaricia y el desorden económico, los que tienen la desfachatez de darnos lecciones de «moderación» y de «sacrificio». Y lo que es más grave, lo hacen con la complicidad de un ejército de fieles escuderos situados en la política, en las administraciones de los estados, en las confesiones religiosas, incluso entre una parte de medianos y pequeños empresarios y trabajadores e incluso pensionistas de lujo que se han situado en lugares de privilegio que el sistema ha impuesto: Haciendo pagar a los sectores más vulnerables lo peor de la crisis.
Esta crisis que en el Estado español se ha acentuado enormemente, como consecuencia del despilfarro y codicia (pública y privada) generalizada y de la falta de previsión y planificación, no sólo está llevando al desempleo a miles de trabajadores; a que la economía sumergida sea cada vez mayor; a que aumente la explotación de muchos trabajadores por parte de empresarios sin escrúpulos; a la ruina de decenas de miles de autónomos y pequeños empresarios; a que el sistema de pensiones, la sanidad y la educación pública corra enormes riesgos; y que un astronómico déficit del Estado, como consecuencia, en parte, de unos gastos e inversiones electoralistas y desmedidos, nos sitúe en una peligrosa quiebra.
Hace unos meses el poder central nos decía que el Estado estaba en superávit y que en España no había crisis. También, y hace unos pocos años, se «autoelogiaban» de que el sistema de pensiones era muy productivo e incluso se llegó a pensar en «jugar en bolsa» una parte del capital acumulado. Esto nos demuestra que los administradores políticos españoles o son muy deficientes o nos han mentido y eso, en democracia, es un delito político.
Las pensiones, hoy por hoy, no están en crisis, hay un superávit acumulado de más de 60.000 millones de euros (si no nos engañan). ¿Por qué las alarmas, si nos indican, desde el Gobierno (y la oposición), de que a partir del segundo semestre de 2010 la crisis puede comenzar a remitir y aumentar el número de empleos y cotizantes? 1) O nos mienten de nuevo, ya que hay quienes piensan que lo peor está por venir y que durará hasta 2015… o más y, con estos datos ocultos, piensan que tendrán que «meter mano de la caja de la Seguridad Social» (previo acuerdo político) para hacer frente al gasto corriente, fastos y autocampañas, puesto que los ingresos por impuestos se están reduciendo. 2) O que, por fin, se han dado cuenta de que el sistema de pensiones es ancestral en su filosofía, organización y gestión. Aunque esta última causa la descarto, pues sería «una muy buena noticia». Y en estos tiempos: es imposible. Es más rentable generar incertidumbre y miedo.
Pretenden hacernos creer que allá para 2040, como consecuencia de la evolución demográfica va a haber más pensionistas que activos, esta valoración es una soberana majadería, ya que hacer previsiones demográficas y económicas a tan largo plazo es una barbaridad, los márgenes de error, por diversos y múltiples factores, son muy altos. Para solventarlo, además de atizar inquietud nos proponen, entre otras, tres grandes medidas nada eficaces: 1.- Atrasar la edad de jubilación; 2.- Reconvertir las pensiones de viudedad, y 3.- Alargar el cómputo de las cotizaciones. Las tres, además de inútiles a largo plazo, tienen efectos perversos a corto y medio plazo para el empleo. Para colmo, estas medidas castigan más las clases más desfavorecidas, como muy acertadamente nos demuestra el catedrático Vicenc Navarro de la Universidad Pompeu y Fabra de Cataluña.
Cuando desde diferentes ámbitos políticos, empresariales y mediáticos, para justificar estas medidas, airean que en países de nuestro entorno se está pensando en alargar la edad de jubilación, hay que tener en cuenta que en algunos países la jubilación obligatoria todavía está entre los 60 y los 62 años y es flexible, las pensiones son más altas y generalizadas, el Estado aporta un importante porcentaje y la filosofía de la gestión y el gasto es diferente.
En mi opinión, en vez de proponer un parche con tan poco fuste, nuestro sistema de pensiones habría que modificarlo, modernizarlo, cambiar su filosofía general y su gestión. El Estado debería de participar en una parte importante de los ingresos, detrayéndolos de los impuestos generales (para ello habría que sustraerlos de las rentas más altas y de los enormes patrimonios). Debería acoger a todos los trabajadores de la empresa privada y a los funcionarios en un único sistema. Los partícipes deberían asumir el control público del sistema. Las pensiones no deberían depender de los cotizantes generacionales, si no que debería de ir mucho más lejos, de tal forma que, el pensionista futuro tenga asegurada para él y los suyos más cercanos una cantidad fija o vitalicia. Por último, la edad de jubilación debería de ser flexible y no obligatoria, en base a unos criterios preestablecidos, y que no fueran a dejar de cotizar. Por supuesto no incentivar, desde el Estado, los fondos privados de pensiones y sí establecer un único Fondo Público, revisable periódicamente y controlado públicamente por los cotizantes.
En fin, las reformas propuestas, aprovechando el ruido que se está formando en este momento de crisis, no servirán para mucho, en todo caso, sí para empeorar la situación de los más desvalidos y dentro de pocos años, volver a empezar. Dos últimas reflexiones: 1) Este ruido va ligado a una pretendida reforma del mercado de trabajo que beneficiaría a los más ricos y castigaría a los más desvalidos. 2) Movilizar a la ciudadanía, cuando desde ámbitos políticos y sociales se ha desmovilizado durante años, es harto difícil y más cuando se ha fomentado de arriba-abajo y de abajo-arriba: la codicia, la insolidaridad, la no participación y el escepticismo. Y eso el poder lo sabe. Por eso actúa con impunidad.    

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