El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, dio ayer en Toledo la de cal y la de arena. Muchos españoles tienen depositadas en el líder de la oposición sus esperanzas en que sea capaz de consolidar una alternativa firme al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
De hecho, las encuestas de los últimos meses suponen una inyección de moral para el PP, ya que dan una ventaja notable a este partido en intención de voto. Sin embargo, la consolidación podría ser mayor y más rápida todavía si el líder del PP pudiera presentarse ante el electorado de centro como un candidato con mensaje claro, que no deje dudas acerca de cuál es el compromiso real de su partido frente a la corrupción. Porque si bien es cierto que la crisis le ha permitido sacar una importante brecha en cuanto a ser favorito respecto al PSOE, si Rajoy tuviera una actitud firme contra los políticos de su partido imputados en delitos de corrupción no sólo consolidaría esa ventaja sino que podría incrementarla.
La realidad, sin embargo, no va en esa dirección. Ayer, el líder del PP presentó en Toledo una serie de propuestas que en su opinión servirían para combatir la crisis y sentar las bases de la recuperación económica. Todo el componente positivo que tiene esta actitud corre el riesgo de quedar diluido en unos meses en la medida en que los casos de corrupción en los que están envueltos judicialmente demasiadas personas de su confianza terminen de explotar.
Es sorprendente que al mismo tiempo que ayer presentaba ante los periodistas este paquete de medidas dijera que Francisco Camps es hoy por hoy la persona que él mismo tiene en mente para ser el candidato a presidente de la Comunidad Valenciana. Son dos mensajes a la ciudadanía que resultan incompatibles dichos por una persona que quiere ganar unas elecciones generales y ser presidente del Gobierno de España.
Otra cosa es que Rajoy piense que le basta con la crisis para ganar y que no necesita desvincular de su partido a los imputados por corrupción, lo cual sería un error. Si el objetivo de Rajoy es simplemente llegar al poder para aplicar sus medidas sin duda le vale esa forma de proceder, pero desaprovechar la ocasión para limpiar su partido de aquellas personas que se han aprovechado de las siglas y de los cargos públicos para enriquecerse sería siempre un asunto en el debe del presidente, que hace menos de un año, agobiado socialmente por la trama Gürtel, aprobó un código de buenas prácticas del PP, unas pautas de conducta a las que deben ajustarse los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones ejecutivas en la organización.
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