La Junta de Castilla-La Mancha pidió ayer al Gobierno que tenga en cuenta y compute de algún modo a la hora de fijar el nuevo déficit público para las comunidades, el hecho de que algunas de ellas, como es el caso de Castilla-La Mancha, han cumplido este año con el objetivo de déficit público, según se informó La Tribuna en fuentes presentes en el encuentro.

La directora de Presupuestos de la Junta, María del Rosario Rey, hizo este planteamiento durante su intervención en la reunión que presidió la secretaria general del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Rosana Navarro, con representantes de las comunidades autónomas, para debatir, entre otras cuestiones, sobre el llamado ‘déficit a la carta’, es decir, la posibilidad de fijar un objetivo distinto para cada autonomía.

La representante del Gobierno regional defendió en la reunión la necesidad de que todas las comunidades autónomas hagan un «esfuerzo equitativo», lo que significa «esfuerzos de ajuste en gastos estructurales» como los que ha tenido que hacer Castilla-La Mancha, por ejemplo, con la supresión de numerosos organismos y empresas públicas, algo que no han hecho otras comunidades.

Asimismo, también propuso que se tenga en cuenta los hechos diferenciales de cada una de las comunidades a la hora de fijar el déficit, es decir, en el caso de Castilla- La Mancha que se valore por ejemplo la dispersión de su población.

Hasta el momento, las posiciones que ha mantenido el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, parecen coincidir con las que defiende la Junta. Así, Montoro ha prometido que las comunidades que han cumplido con la reducción del déficit no serán penalizadas si finalmente los nuevos objetivos son diferenciados para cada región.

Además, el titular de Hacienda también ha prometido que si la Comisión Europea flexibiliza los objetivos de déficit para España, algo que ya se da por seguro, cuando se haga el reparto entre administraciones, si es diferenciado para cada comunidad, se tendrán en cuenta criterios objetivos, aunque no los desveló.

No obstante, las posiciones de los diferentes gobiernos autónomos ha sido muy dispar, según las fuentes consultadas por La Tribuna, y ha obligado al Ministerio a recogerlas en un informe.