Dice el refrán que más vale prevenir que curar, y éste es precisamente el camino que ha emprendido el Gobierno de Castilla-La Mancha para, sin tener que prohibir, imposibilitar en la práctica de la fractura hidráulica en la región.
El Consejo de Gobierno tomaba ayer en conocimiento el borrador del anteproyecto de ley por el que se establecen medidas adicionales para la protección de la salud pública y del medio ambiente, para la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica. Un extenso título para una ley que, sin prohibir, imposibilitará en la práctica cualquier proyecto que emplee esta técnica.
Un «principio del fin» de la fractura hidráulica en Castilla-La Mancha, hacia el que ayer se avanzaba «de la mano» de las plataformas antifracking , que ayer participaban en la reunión del Consejo de Gobierno, en su segunda cita ‘en abierto’ a colectivos de la región.
Junto a las plataformas se ha elaborado este proyecto de ley a través del cual el Ejecutivo regional empleará las herramientas y medios legales a su alcance para evitar la aplicación de estas técnicas en Castilla-La Mancha.
Para ello, y con el objetivo de no incurrir en inconstitucionalidad -como ha ocurrido con las leyes planteadas en esta misma línea desde otras comunidades autónomas- desde el Gobierno regional no se plantea la prohibición de esta práctica, sino que «hacemos un análisis sectorial de los efectos» de la misma.
Así lo señalaba el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien insistía en que lo que se plantea es «una política de prevención, apoyada en las recomendaciones de la Comisión Europea» al respecto.
A través de esta ley, cuyo proyecto se somete ahora a información pública durante el plazo de un mes, el Ejecutivo se compromete a elaborar un Plan Estratégico Sectorial en materia de fracking. Un plan que será «condición obligatoria» para cualquier inversión que contemple el empleo de esta técnica de extracción de hidrocarburos, y que tendrá en cuenta «todos los posibles efectos adversos» de su práctica.
Desde el Gobierno regional se zonificará así el territorio, estableciendo «qué zonas de Castilla-La Mancha son más vulnerables a este tipo de prácticas», y al tiempo realizando una evaluación ambiental «estratégica».
Las autorizaciones serán así «absolutamente restrictivas», lo que hará que «en la práctica sea imposible el fracking en la región», sentenciaba Martínez Arroyo.
Junto a ello, y como «refuerzo» a este Plan Estratégico Sectorial, se aprovechará esta normativa para modificar la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística (LOTAU), de manera que refleje la práctica de la fractura hidráulica y «condicione» también a la hora de obtener los permisos para actividades económicas que deben conceder los ayuntamientos.
Se establece así una normativa «rigurosa» para que no se atente contra la salud pública ni contra el medio ambiente, y conseguir así que Castilla-La Mancha sea «una región libre de fracking», señalaba por su parte el portavoz del Ejecutivo regional, Nacho Hernando.
Contras las hipotecas. La entrada en vigor de la Ley Antifracking, apuesta regional por la prudencia frente al riesgo que supone esta técnica, hará que «todo el fracking desaparezca de Castilla-La Mancha».
Así lo aseguraba ayer el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, quien explicaba que también conllevará la «finalización» de los dos proyectos que se encuentran activos en estos momentos, tanto el de Campo de Montiel, con permiso ambiental desde el año 2012, como el de carácter supraautonómico que afecta al norte de la provincia de Guadalajara y el sur de la de Soria, competencia del Ministerio de Agricultura.
Ambos se verán afectados por esta ley elaborada en colaboración con las plataformas antifracking, desde las que ayer destacaban la importancia de este «primer paso» en una «lucha» que hay que seguir.
Un primer paso hacia el final de una práctica que supone «un grave riesgo para la salud» así como para el medio ambiente. Riesgos que el Gobierno regional se quieren prevenir. Con esta ley, refleja así, su oposición a «cualquier técnica que pueda hipotecar el futuro de la región».