La Fiscalía Provincial quiere mejorar la eficacia en la investigación de delitos contra la Seguridad Social que se puedan cometer, aunque por ahora los datos no hagan pensar en una situación alarmante. Casos como los de empresas ficticias, sin actividad, que se crean para dar de alta a trabajadores que en realidad no trabajan, pero generan así unas prestaciones que cobrarán después, suponen conductas delictivas relativamente nuevas, introducidas en el Código Penal en la reforma de 2012. Para abordar la mejor forma de investigar estos casos, la Fiscalía acogió hace unos días una reunión en la que participaron todos los agentes implicados en Albacete para perseguir este tipo de delincuencia. A la reunión asistieron representantes del ministerio fiscal, de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, del Instituto Nacional de la Seguridad Social -asistió el director y la letrada jefe-, de la Tesorería de la Seguridad Social, del Servicio de Empleo en Albacete, de la Inspección de Trabajo, y también representantes de Extranjería en la Subdelegación de Gobierno. También estuvo presente el presidente de la Audiencia Provincial.

Juan Francisco Ríos, fiscal provincial, explicaba a La Tribuna que la reunión perseguía exponer «a conveniencia de que se actúe en conjunto» para perseguir estos delitos, «ver cómo hay que investigarlos, cómo tiene que ser la documentación que se tiene que remitir a los juzgados o a la Fiscalía, y estar coordinados». Ríos indicó que la parte «quizá más importante» en todos los agentes que actúan alrededor de las empresas sea la de los inspectores de Trabajo, que «suelen ser los que descubren estas circunstancias irregulares, y actúan para buscar la prueba; la conveniencia es que actúen con Policía y Guardia Civil».

EMPRESAS QUE NO EXISTEN. El fiscal provincial indicó que se el esfuerzo en la investigación se hace en concreto en «empresas que no existen» y que cometen engaño al defraudar en el pago de cuotas a la Seguridad Social. Son empresas ficticias, «que hacen altas de trabajadores para generar luego una prestación, ya sea de desempleo, de maternidad...». Este tipo delictivo, recogido en el artículo 307 del Código Penal, es una novedad legislativa de 2012.

ALTAS QUE NO SE DAN.  La Fiscalía también quiere mejorar la eficacia en la investigación de otro tipo de delito contra la Seguridad Social, las empresas y empresarios que sí tienen actividad, y sí tienen trabajadores pero no están dados de alta en la Seguridad Social. En este caso, el Código Penal recoge una serie de supuestos, explicaba Juan Francisco Ríos: «El delito se da si se cumplen una serie de requisitos, depende del número de trabajadores y el tamaño de la empresa». En concreto, la sanción penal es posible cuando los trabajadores sin dar de alta sean el 25% en empresas o centros de trabajo que ocupen a más de 100 trabajadores, o el 50% en empresas que ocupen entre 10 y 100 trabajadores, o todos los trabajadores sin dar de alta en empresas de entre cinco y 10 trabajadores.

El fiscal provincial de Albacete comentó que se trata de delitos que «no se dan con frecuencia, pero son tipos delictivos complejos», por lo que «es conveniente ponernos un poco de acuerdo en cómo vamos a perseguirlos».

SIN GRANDES OPERACIONES. Juan Francisco Ríos comentó que al menos hasta ahora, este año en la provincia no ha habido operaciones de relevancia, aunque «siempre se crea un dispositivo especial en verano». En ese dispositivo que se relaciona con las campañas de recolección en el sector agrario también a veces aparecen casos de trata de seres humanos: «puede coincidir que una empresa real traiga gente engañada para trabajar en el campo y además no le den de alta», con lo que se darían los dos tipos delictivos. El fiscal señalaba que en cualquier caso «por la posible trata de seres humanos también hacemos reuniones semestrales para estudiar la situación en la provincia». Al igual que este año, los datos cerrados del ejercicio 2013 dicen que no hay una relevancia especial de los delitos de este tipo.

La estadística de diligencias abiertas en la Fiscalía Provincial por delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social recoge 13 expedientes en el año 2013 en toda la provincia de Albacete, pero sólo cinco corresponden a delitos contra la Seguridad Social (en 2012 fueron todavía menos, dos).

En el resto, se contabilizan siete diligencias por defraudación tributaria, y una más relacionada con fraude comunitario.