La Sección Segunda de la Audiencia Provincial acogió ayer la segunda sesión del juicio contra el que fuera vicepresidente del Partido Popular de Albacete, Tomás Cabañero, para el que la fiscal solicitaba inicialmente una pena de tres años de prisión por un delito de administración desleal de la cooperativa Vinícola de Villarrobledo, y que finalmente rebajó a un año de cárcel. Dicha rebaja se produjo, ya que tuvo en cuenta la atenuante de reparación del daño.

El Ministerio Público también retiró la multa de seis millones de euros que pedía en un principio.

En cuanto al representante legal de la cooperativa, Carlos Pesquera, retiró el delito de apropiación indebida contra Cabañero, pero mantuvo el de administración desleal y el de estafa, por los que solicitó, en total, cinco años de prisión, tres años de inhabilitación para el ejercicio del comercio, una multa de dos millones de euros y otra de 1.920 euros.

Por otra parte, retiró la acusación contra la directora financiera de la cooperativa, para la que pedía tres años de cárcel, como cooperadora necesaria en la citada administración desleal, por lo que ella y su abogado, Martín Jesús Pérez Schmidt, se retiraron del procedimiento, ya que la fiscal no presentaba acusación contra ella.

Absolución. En cuanto al letrado de Tomás Cabañero, Antonio M. Núñez-Polo Abad, pidió la absolución de su representado, al igual que el letrado de Martínez Solé, Lorenzo Sánchez, mercantil de la que el acusado era consejero delegado, cuando se produjeron los hechos.

Antes de las conclusiones y de que el juicio quedara visto para sentencia, en la vista declararon varios peritos, que trataron de esclarecer si el procesado se había quedado con dinero de la cooperativa, si la había perjudicado y si había cometido algún tipo de estafa en la venta de unos depósitos para almacenar el vino. Los peritos coincidieron en que ni Cabañero, ni Martínez Solé se habían quedado con dinero de la cooperativa, aunque uno de ellos si afirmó que se había puesto en riesgo la economía de la misma. En cuanto a los depósitos, determinaron que no se instalaron los que estaban contratados, aunque cumplían las normas para su uso.