Será porque la protección legal se conoce más, o será porque los consumidores albacetenses son víctimas de más vulneraciones de derechos, lo cierto es que las denuncias llegadas desde la provincia a la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD) han aumentado un 43% en el último año. Así aparece en la última memoria de la entidad, presentada esta semana, donde se refleja que se recibieron 82 denuncias de ciudadanos de la provincia. El recurso a la tutela de esta agencia estatal ha ido creciendo año a año, en el caso de Albacete, porque en 2009 hubo 25 denuncias, 31 en 2010, medio centenar en 2011, 57 en 2012, y finalmente las 82 del pasado ejercicio. En las cinco provincias castellano-manchegas, las denuncias llevadas ante la agencia fueron 361, y 7.800 en todo el país. La agencia considera que estos datos suponen la «consolidación», aunque porcentualmente las denuncias crezcan mucho menos que en Albacete (sólo un 0,15%).
La agencia explica en su memoria que no todas las denuncias acaban en una resolución, porque muchas se archivan al tratar un tema que no es exactamente el ámbito de aplicación de la Ley de Protección de Datos, o porque el denunciante es «una persona jurídica», o porque los datos no están amparados por la ley.
Donde no hay grandes cambios, tampoco en Albacete, es en los ámbitos de actividad que generan estas denuncias. Tampoco todas las resoluciones suponen una sanción, aunque hay casos donde sí. Por ejemplo, en Albacete una empresa pagará 1.200 euros por una infracción relativa al envío de comunicaciones comerciales vía correo electrónico. En otros casos los que hace la AGPD es un requerimiento o apercibimiento, la mayoría de ellos en el ámbito de la videovigilancia, por cámaras que no se ajustan a la ley. En este capítulo hay algunas resoluciones de Albacete, por ejemplo el de un vecino denunciado por haber colocado una cámara en su plaza de aparcamiento dentro del garaje comunitario, grabando partes del garaje utilizadas por otras personas. También figuran apercibimientos motivados porque la presencia de las cámaras no estaba advertida con los preceptivos carteles, o casos donde no hay una recogida de imágenes «proporcionada» al fin para el que se instalan unas cámaras de titularidad municipal. Hay otros casos, porque la captación de imágenes en espacios públicos ha dado más trabajo a la agencia. Se recoge el caso del estudio sobre las imágenes que recoge el conocido servicio de Google Street View, aunque el dictamen es claro: «La campaña de recogida de imágenes y su posterior tratamiento para la prestación del servicio no vulnera la normativa».
TELECOMUNICACIONES. Pero pese al número de denuncias relacionadas con la videovigilancia, donde la agencia acumula más procedimientos sancionadores resueltos en el ámbito de las telecomunicaciones. Uno de cada dos procedimientos resueltos en 2013 tiene que ver con estos servicios, donde a veces se trata de ciudadanos que denuncian tener contratado un servicio sin haber dado su consentimiento, inclusiones en listas de morosos que no se ajustarían a la norma, o comunicaciones comerciales masivas (por mail, por teléfono) que también tienen el freno de la Ley de Protección de Datos.
El presidente de la AGPD, José Luis Rodríguez, señala en la memoria que el momento actual es «un periodo crítico para la protección de la privacidad», donde el impacto de las tecnologías en la esfera privada de los individuos «se está agravando y puede erosionar progresivamente la libertad de las personas si no se actúa con celeridad y determinación».