El exalcalde de Tobarra niega haber querido perjudicar a la Policía Local

MARCELO ORTEGA
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En el juicio donde se le acusa de prevaricación, David Díez dijo que cumplió la ley al no cumplir el acuerdo de Pleno que ordenaba pagar el complemento específico a los agentes

El exalcalde de Tobarra niega haber querido perjudicar a la Policía Local

El conflicto laboral que la Policía Local de Tobarra vivió durante buena parte de los años 2006 y 2007 con el entonces alcalde del municipio, el popular David Díez, tuvo ayer uno de sus últimos capítulo con el juicio por prevaricación contra el exedil, quien ya está fuera de la política, y que se enfrenta a una condena que supondrá como mucho su inhabilitación para ejercer un cargo público. La sala de vistas del juzgado Penal 1 sirvió para escuchar las distintas versiones del conflicto durante las casi cuatro horas que duró el juicio, donde además de Díez declaró un exconcejal, funcionarios del Ayuntamiento y 11 agentes de Policía Local personados en la causa como acusación particular.

En síntesis, la acusación de prevaricación contra David Díez tiene que ver con el acuerdo marco que en abril de 2006 fijó pagar un complemento de productividad a los agentes de Policía Local. El TSJ suspendió cautelarmente ese pago, y el Pleno, donde el PP ya no tenía mayoría, acordó que ese complemento se pagara como específico. Ese acuerdo de Pleno es del 5 de diciembre de 2006, pero Díez no lo ejecutó, y siguió pagando las nóminas sin incluir ese complemento. Así fue hasta que una sentencia del Contencioso dio la razón a los agentes, aunque eso ocurrió ya en mayo de 2007, cuando hubo un cambio en la Alcaldía. Desde junio los agentes empezaron a recibir el complemento.

En su declaración ante el juez David Díez dijo que nunca quiso perjudicar a los agentes, aunque aceptó responder las preguntas de la letrada de la acusación. Díez dijo que incumplió el acuerdo de Pleno porque había dudas sobre la legalidad de pagar ese complemento específico: «Juré cumplir la Constitución, y el acuerdo no se ajustaba a la legalidad». Dijo que no impugnó el acuerdo del Pleno «porque una administración no puede recurrir sus propios actos», y reconoció que hubo «momentos de mucha crispación».

Los agentes contaron ante el tribunal los daños «morales y económicos» que sufrieron por la conducta del alcalde; su letrada reclama una indemnización de 6.000 euros para cada uno.