"Son sentencias demoledoras, contundentes y firmes contra las que no cabe recurso y es curioso que el alcalde y el concejal de Economía sigan mirando para otro lado sin querer saber nada, toda vez que no las han incluido en el presupuesto 2019".

"Ante esta situación rocambolesca ya hemos tramitado desde los servicios jurídicos la ejecución de las sentencias lo que provocará otro gasto de condena en costas judiciales que se suman los 150.000 euros".

Instan al alcalde, Alberto González a "poner manos a la obra y finiquitar la deuda con otros compañeros del Ayuntamiento, son muchos los que no han reclamado a los que debe 200.000 euros y la extra de 2012 pese haber pedido adelantado tres millones a la Diputación y parece ser poco. Tendrá que pedir otro adelanto y pagaremos las consecuencias el segundo semestre de 2019. Volveremos a la misma de siempre por no querer negociar y a los empleados solo les queda recurrir en los tribunales".