¡Por fin es lunes! Susana Díaz tiene una nueva oportunidad de demostrar - la enésima-  que sus promesas de tolerancia cero con la corrupción son algo más que mera propaganda. Y no solo con los casos de los imputados Chaves y Griñán, con los ERE o los cursos de formación a parados; también con las prácticas bochornosas y anti democráticas de algunos altos cargos de la Junta que hemos conocido en los últimos días.

Me refiero en concreto a la exdelegada de Empleo de la Junta en Jaén, Irene Sabalete, y a la delegada de Educación en Córdoba, Manuela Gómez, dos casos de vergüenza ajena que, para la importancia que tienen, han pasado un tanto de refilón por la actualidad informativa.

Gómez ha enviado una carta con membrete oficial a los funcionarios de su departamento felicitándolos por la victoria del PSOE y por su empeño en conseguirla.

El caso de Sabalete es el más sangrante. Se ha publicado una grabación en la que esta individua amenaza a los funcionarios interinos a su cargo. O el PSOE gana las elecciones u os vais a la calle, así que dejaos estos días de hacer vuestro trabajo y salid a la calle a hacer campaña «como Testigos de Jehová». No es extraño que haya acabado detenida por orden de la juez Alaya por su presunta relación con la trama de corrupción de los cursos a parados.

Es difícil creer que estas dos tipas actúen de esa manera por su propia iniciativa. Da más bien la impresión de que son las torpes de la clase, las que han ido un paso más allá en esa manipulación grotesca del poder y les han pillado. Pero probablemente pueda haber muchísimos sabaletes más en algunos de los centenares de organismos, delegaciones, empresas públicas, observatorios, institutos y oficinas que la Junta mantiene abiertos en Andalucía.

De lo que casi no cabe ninguna duda es de que estamos ante la punta del iceberg de una enorme red clientelar. Así lo asegura en su último auto la juez Alaya, en el que acusa a la Junta de Andalucía de tejer una «red de clientelismo político» a través de los cursos de formación que subvencionó. Lo significativo es que señala a la propia Junta y no a individuos concretos.

Y esa es la clave. Tanto los cursos de formación, como el caso de los ERE, como los de Sabalete y Gómez, son patas de una misma mesa: comprar voluntades, asegurarse votos mediante la utilización interesada y arbitraria -por tanto fraudulenta- del dinero público en cantidades ingentes.

Eso lo ideó la Junta, dice Alaya. Es decir, lo idearon Chaves primero y Griñán después y lo perpetraron varios consejeros y bastantes decenas de altos cargos que están imputados en un caso o en otro. La juez lleva muchos meses insistiendo en ello en sus autos y soportando insultos y descalificaciones por parte del PSOE principalmente. Pero al final los hechos se imponen y ahí están los dos expresidentes imputados en el Supremo.

Su cabeza es el precio, o parte del precio, que piden partidos como Ciudadanos y Podemos para dar su respaldo al PSOE en la investidura de Susana Díaz. La lideresa tendrá que matar a sus padres políticos y sin duda lo hará llegado el caso. Pero aquí no se puede aplicar el refrán ese de muerto el perro se acabó la rabia porque, en el fondo, la corrupción política en Andalucía es un cáncer con metástasis; se ha extendido por toda la Administración hasta convertirse en una forma de gobernar -la red de clientelismo político que denuncia Alaya- y no puede ser eliminada mediante la simple extirpación de dos miembros.

Y claro, la conclusión es lógica. Es prácticamente imposible que Susana Díaz, heredera política de Chaves y Griñán, haya podido permanecer inmaculada en medio de ese cesto lleno de manzanas podridas. Por eso ha ocurrido lo que ha ocurrido en las elecciones autonómicas. A los andaluces no les resbala la corrupción pero a muchos, muchísimos, les interesa que salga el PSOE para mantener determinadas prebendas. Es inaceptable desde el punto de vista ético pero es humano.