La presidenta del Gobierno de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, anunció ayer que ha solicitado al Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales la presentación de una iniciativa en materia de Incapacidad Temporal, para equiparar de esta forma a los empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con los de la Administración General del Estado.
Según la presidenta del Ejecutivo regional, todos los ciudadanos han tenido que realizar grandes esfuerzos con motivo de la «situación económica catastrófica» que atravesaba Castilla-La Mancha cuando llegó al Gobierno regional en el año 2011 y hubo que aplicar el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos.
En este sentido, señaló que estos esfuerzos, sumados a que «Castilla-La Mancha ha cumplido con el objetivo de déficit, garantizando los servicios sociales básicos, saneando las cuentas», han permitido que «hoy podamos tomar esta medida para tratar a los empleados públicos de la Administración regional al igual que está establecido en el Estado para sus funcionarios».
Además, Cospedal destacó que se trata de una medida «extraordinariamente importante» porque va a beneficiar a más de 50.000 empleados públicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
La presidenta recordó que el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos suponía dar el primer paso en la recuperación económica de Castilla-La Mancha, objetivo hacia el que camina esta región, unido a la necesaria creación de riqueza y empleo en esta tierra.
Cospedal incidió igualmente en que el Gobierno regional ha conseguido devolver a Castilla-La Mancha la confianza de otras administraciones, fruto de medidas encaminadas a la mejora en la creación de empresas, en el nivel de exportaciones, y poco a poco en la recuperación del empleo, objetivo al que se encamina; datos todos ellos que permiten repercutir positivamente en «ir flexibilizando algunos aspectos de los planes urgentes marcados al principio para salvar la práctica ruina en la que se encontraba Castilla-La Mancha».
Por su parte, la secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Castilla-La Mancha, Carmen Campoy, aplaudió «que la presidenta Cospedal se sume a la petición de restitución de derechos laborales y condiciones salariales» para los empleados públicos.