Casas edificadas allá donde años atrás había un solar, chalés de una planta que ahora tienen hasta tres alturas, piscinas donde remojarse antes inexistentes y terrazas que han desaparecido al ser cubiertas para ampliar viviendas que se habían quedado pequeñas.
Son estas algunas de las alteraciones sin declarar que el Catastro ha encontrado al rastrear el parque inmobiliario de 25 pueblos de la provincia y que ahora busca en otros 54 municipios, dentro de un plan de regularización catastral que entró en vigor de forma extraordinaria en 2013 y cuyos trabajos se extenderán hasta el 2017.
Estos trabajos pretenden mantener este registro al día y aflorar aquellas construcciones que estuviesen ocultas a ojos del Catastro y, por tanto, se escapaban del pago de los preceptivos tributos, entre ellos el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que es el principal sustento de los ayuntamientos.
Se trata, dicen en el Ministerio de Hacienda, de una herramienta de «lucha contra el fraude» para descubrir aquellos inmuebles que están disfrutando de los servicios públicos municipales «a costa de los titulares de los inmuebles correctamente declarados». «Es de justicia -dicen en Hacienda- que un chalé que disfruta de alumbrado, recogida de basuras y saneamiento igual que el resto de sus vecinos sea incorporado correctamente al catastro para garantizar su contribución al sostenimiento de dichos servicios públicos».
En los 25 municipios inspeccionados a 31 de diciembre de 2015 se han localizado 5.052 alteraciones en la construcción sin declarar. Eso significa que los datos que constaban en el Catastro de un 12,8% de los bienes del parque inmobiliario de estas localidades no casaban con la realidad.
Expediente y 60 euros. La ley del Catastro obliga a declarar en el plazo de dos meses cualquier alteración que se haga en un inmueble, tanto si es una obra, como si es un cambio de uso o titularidad. Los dueños de viviendas y locales ‘cazados’ por hacer obras o cambiar el uso de un local y no comunicarlo al Catastro a su debido tiempo han recibido una carta en la que se les comunica la apertura del expediente y se acompaña de una ‘factura’ de 60 euros. No es una multa, esos 60 euros se cobran como tasa en contraprestación por el trabajo de inspección hecho para localizar la reforma o el cambio de uso no declarado.
Los efectos, no obstante, van más allá de esos 60 euros. Descubierta la alteración, los técnicos asignan un valor catastral al inmueble aflorado, valoración que sirve de referencia para el pago de numerosos tributos, entre ellos el IBI que cobran íntegramente los ayuntamientos. Pero el IBI no es el único impuesto que depende del valor catastral. La revisión de este valor, que siempre debe estar por debajo del 50% del valor del mercado, afecta a otros tributos. Por ejemplo, en el IRPF los contribuyentes tributan entre el 1 y el 2,1% del valor catastral de las viviendas no habituales, por tanto, si esa valoración sube, lo que recauda Hacienda también.
También la plusvalía (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) que se paga cuando se vende una propiedad está vinculado al valor catastral.
Según los datos que maneja Hacienda, la media de fraude en el recibo del IBI en cada uno de los inmuebles regularizados en Albacete es de 107 euros. Es decir, que gracias al trabajo de los inspectores del Catastro, que realizan visitas a pie de calle y se sirven también de fotografías aéreas, las arcas municipales ingresarán 540.564 euros más por este tributo.
Los ayuntamientos, además, tienen la opción de liquidar los atrasos de cuatro años atrás y reclamar a los propietarios de dichos bienes la parte del IBI que no pagaron por los metros que no tenían declarados, más los intereses de demora. En la Dirección General del Catastro, estiman que por cada inmueble en fraude descubierto se podrían recaudar unos 263 euros;en total, algo más de 1,3 millones de euros por los 5.000 casos aflorados.
Es decir, que entre atrasos y recibos gracias a esta labor de inspección que no cuesta ni un euro al erario público porque se autofinancia con la tasa de 60 euros, los 25 ayuntamientos donde ya se ha hecho la inspección ingresarán cerca de 2 millones de euros con los que no contaban.
Una inyección económica que, es de suponer, recibirán también el resto de los ayuntamientos donde ahora los técnicos del catastro andan trabajando ahora. La intención de Hacienda es que antes de que acabe este año todos los municipios de España se hayan incorporado a este plan de regularización. En la provincia solo quedan nueve localidades por hacerlo, entre ellas la capital. Aunque en la ciudad no se parte de cero. Desde el año 2000, el Ayuntamiento de Albacete colabora con el Catastro en el mantenimiento de los registros al día. El consistorio albaceteño, además, contrató en mayo del 2013 a una empresa especializada para vigilar el mapa urbano y detectar cualquier alteración susceptible de tener consecuencias tributarias. Esta empresa, Tracasa -una compañía que está participada por el Gobierno de Navarra-, realizó un vuelo hace un par de veranos para tomar una serie de fotografías aéreas de precisión que comparadas con imágenes captadas en años anteriores permiten detectar reformas ocultadas al Catastro.
Más bienes, más valor. El Ayuntamiento de Albacete no ha facilitado datos del fraude aflorado, sí que indican que en todos estos años de colaboración entre ambas administraciones se han ido «actualizando los datos catastrales adaptándolos a la realidad física y económica, con el consiguiente incremento de unidades urbanas y del valor catastral total». Y, en consecuencia, también de la recaudación.
Cuando se detecta una nave industrial que ha sido ampliada o un edificio entero de nueva construcción cuyo promotor ha retrasado la comunicación de su construcción para escaparse del pago de multitud de recibos de IBI, se invita al propietario a que de de alta sus bienes y empiece a pagar el IBI que les corresponde. Si no lo hacen, el Catastro puede intervenir y se exponen a ser sancionados.
Los trabajos en la capital se han centrado en detectar nuevas construcciones que no se habían dado de alta, ampliaciones de volúmenes y modificaciones en locales comerciales, según explicó el concejal de Hacienda, Alberto Reina. El trabajo es ingente, pues solo en la capital hay 137.830 bienes inmuebles.