El afán por inventariar las propiedades y que sus dueños tributen lo que les corresponde no es nuevo. Que cada cual pague según sus haberes es el principio que impulsó a Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada, a promover siendo ministro de Hacienda una «magna averiguación fiscal para alivio de los vasallos y mejor conocimiento de los reinos». Su ánimo era crear un solo impuesto, una única contribución, que cada uno pagaría según su riqueza. De esta manera, aliviaba a las pequeñas rentas de la gran presión fiscal a la que estaban sometidas y evidenciaba a las grandes fortunas exentas del pago de cualquier tributo.
En solo seis años (1750-1756) se documentó la riqueza de cada uno de los vecinos residentes en 15.000 localidades de Castilla en algo más de 80.000 volúmenes que recogen un catastro literal, sin mapas ni mediciones de parcelas. El Marqués de la Ensenada fracasó en su empeño de justicia fiscal, pero sentó las bases de las siguientes iniciativas catastrales que han ido dejando su rastro documental.
Hoy la mayoría de las consultas que se hacen en el Archivo Histórico Provincial son de documentos catastrales. Disputas por herencias y problemas de lindes que vienen de viejo tratan de aclararse rastreando archivos de una época en la que muy poca gente tenía escrituras de sus propiedades.
Amillaramientos. Tras la fracasada única contribución de Ensenada que nunca llegó a implantarse y después de varios intentos de regular la fiscalidad de la propiedad, en 1845 se crea la Contribución sobre inmuebles, cultivos y ganadería, un único impuesto que unificaba todos los tributos que hasta entonces pesaban sobre la riqueza territorial. La fórmula que se utilizó para recaudar fueron los amillaramientos, unas relaciones por orden alfabético de primeros apellidos de todos los propietarios de un municipio, donde se recogían sus bienes y rentas. Los valores venían en millares, de ahí su nombre. Quien más y quien menos, pero sobre todo los grandes hacendados locales que ejercían su poder sobre las juntas periciales, trataba de ocultar sus propiedades y el valor de su riqueza. El fraude estaba a la orden del día.
Se hacía necesario un inventario de bienes inmuebles, actualizado y fiable. La «cuestión catastral» ocasionó un auténtico debate nacional acerca de cuál era el mejor sistema. En 1895 se decide levantar un catastro por masas de cultivo y clases de terreno. En un primer ensayo que se hizo en Granada se descubrió que el 60% de la superficie y el 38% de la riqueza estaba oculta a ojos del fisco. El procedimiento se extendió a todo el país descubriendo el fraude generalizado. Los términos municipales incluso multiplicaban su superficie con respecto a su extensión anterior. Al año siguiente se catastraron las masas de cultivo de Albacete, pero el sistema seguía sin ser justo, ya que cada dueño no pagaba con relación a su parcela. Se hacía necesario crear unos registros fiscales en los que detallar la riqueza individual.
el ensayo de Balazote. Y fue entonces cuando el municipio albaceteño de Balazote hizo historia. Gracias a la iniciativa de Enrique Alcaraz Martínez, ingeniero responsable del servicio agronómico provincial, de quien se dice sentó las bases del actual Catastro con el ensayo que hizo en 1901 en los campos de este pueblo albaceteño.
Su idea fue desplazar a personal técnico del Ministerio de Hacienda al campo y allí sobre el terreno elaborar un registro con la descripción de cada parcela, aceptada por cada propietario y por la Junta Pericial. Al tiempo que se catastraba y se asignaba la riqueza a cada propietario, y además cada posesión inmueble se acompañaba de un croquis parcelario en el que se añadían quienes eran sus linderos, para así evitar errores en la asignación de la propiedad de un inmueble. Su trabajo le hizo merecedor de la Cruz de Carlos III y la medalla al Mérito Agrícola.
Al fin en 1906 se promulgó la Ley del Catastro, se acordó hacer un primer avance realizando un plano de cada municipio y más adelante perfeccionarlo hasta obtener el definitivo catastro parcelario. A partir de entonces, los propietarios estaban obligados a comunicar las alteraciones en sus bienes para mantener actualizada la información y que el sistema fuese fiable. Obligación que se mantiene hasta hoy.
Con este Avance Catastral se consiguió una fiscalidad más justa: cada uno pagaba según lo que tenía, no en función de cupos. Esto no gustó a los grandes propietarios. Los grandes terratenientes se movilizaron y empezaron a exigir más garantías jurídicas, haciendo más tedioso los trabajos. La exactitud que se exigía al Catastro frenaba su éxito, era tan lento que los propietarios quedaban fuera del pago del impuesto por muchos años.
Tras una parálisis de décadas, entre la república y la guerra civil, al fin en los años 40 con el uso de la fotografía aérea los trabajos se retomaron y a comienzos de los años 60 se dieron por concluidos. Es en esos años cuando se implanta también un catastro urbano, coincidiendo además con el momento de máxima urbanización del país. España dejaba de ser un país agrícola y las urbes tomaban el protagonismo.
Con la democracia llegó la reforma fiscal de Fernández Ordoñez que dejó el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria para sostenimiento de los ayuntamientos. En 1987 se ordena revisar los valores catastrales, es entonces cuando se acuña el término catastrazo por la contestación social con la que se recibían esta revisión al alza que conllevaba una subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), tributo que se creó en 1990 para sustituir a las antiguas contribuciones y que se mantiene hasta nuestros días.