La Junta de Comunidades acaba de sacar a información pública el borrador de un decreto para «evitar el desperdicio alimentario». A grandes rasgos, lo que quiere es regular el salto de los alimentos no aptos para la venta de las estanterías de los supermercados a los ‘bancos de alimentos’ y a las ONG de carácter social tipo Cáritas, dedicadas a la redistribución de alimentos.

En definitiva, se trata de evitar que productos que aún sirven para el consumo humano terminen en un contenedor. Para ello, se insta a las empresas a canalizar los alimentos que ya no pueden ser vendidos bien por un error el etiquetado, bien por defectos en su envasado, hacia estas entidades sociales.

En 2016 el Estado francés fue la primera institución europea en legislar contra el desperdicio de comida. En concreto, se prohibió por ley a los supermercados tirar o destruir los alimentos que no venden, haciendo obligatoria su donación. Es más, se multa con hasta 75.000 euros a los supermercados que destruyan deliberadamente sus alimentos. Una práctica hasta entonces extendida y que también se ha visto en España, incluso en plena crisis. Y es que aún está en el imaginario colectivo las imágenes de una serie de supermercados rociando lejía en los contenedores para que nadie pudiera recuperar nada de allí.

En una línea similar, la Comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara aprobó en 2017 una batería de propuestas dirigidas a reducir el desperdicio de alimentos, entre ellas la puesta en marcha de exenciones fiscales.

De momento, la normativa regional no habla ni de sanciones ni de rebajas fiscales. Entre otras cosas porque podría meterse en ámbitos fuera de sus competencias como autonomía.

Sello de adhesión. De lo que sí habla es de «buenas prácticas» y de «garantizar el derecho a la alimentación de todos los ciudadanos». No obstante, son sólo recomendaciones, no se obliga a nada ni nadie. Eso sí, quien se adhiera a esta iniciativa tendrá recompensa en forma de buena imagen social, ya que en este borrador se prevé la creación de un ‘sello de adhesión’ para reconocer su esfuerzo.

Los productores agroalimentarios también se incluyen entre los objetivos a convencer por la Junta para recurrir el desperdicio de comida. En concreto, se les pide que faciliten la canalización de los «excedentes alimentarios de la producción» a la alimentación humano o animal, y posibilitar, en cualquier caso, «la prevención del derroche alimentario». No hay que perder de vista aquí que las industrias alimentarias generan el 39 por ciento de los alimentos que se van a la basura sin necesidad en el país, a cuenta de procesos de producción poco eficientes en la mayoría de los casos.

Pero no se trata únicamente de donar los alimentos, este decreto tiene también una inspiración ‘ecologista’, en el sentido de no generar más residuos de los necesarios y no derrochar recursos que son limitados y que su generación en masa provoca en muchos casos un fuerte impacto en el medio ambiente.

En esta línea, se propone a los supermercados «que adopten prácticas» para facilitar la venta de productos próximos a la fecha límite para su consumo preferente. Y cuando no sea posible la reutilización de estos alimentos para consumo humano, el Gobierno regional propone «su uso para alimentación animal cuando sea posible».

En cuanto a los bares y restaurantes, la propuesta regional pasa por «facilitar la reutilización de la comida no consumida mediante procedimientos de preparación, almacenamiento y envasado». Además, cuando se liciten las concesiones de servicios de restauración (desde hospitales a comedores escolares), este decreto obligará a las administraciones a incluir un pliego de prescripciones técnicas que primen las empresas que redistribuyan sus alimentos.

Para sensibilizar en torno a estas dos vertientes del consumo responsable, la social y la medioambiental, la Junta tiene previsto hacer sendas campañas de concenciación. Y también se deja caer que la Consejería de Educación «promoverá la enseñanza de la nutrición y la alimentación en las escuelas infantiles y centros escolares, trasmitiendo al alumnado los conocimientos adecuados sobre la reducción del desperdicio alimentario y sus consecuencias para el medio ambiente».

Eso sí, todo con la conveniente seguridad alimentaria. En este sentido, ya se prevé el desarrollo de un ‘Código de buenas prácticas’ y se pide a los bancos de alimentos que lleven un registro de los alimentos, su lugar de origen y de quién se lo ha entrado.

Por último, también se plantea la creación de un foro regional para la reducción del desperdicio de alimentos donde, además de la Junta, estarán representadas las grandes y medianas superficies, las organizaciones de consumidores, las federación de hostelería y miembros de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN).