El Tribunal de Cuentas ha abierto un juicio contable contra la política de contratación de la entonces Junta socialista durante el ejercicio 2007. Se basa en el informe de la ya desaparecida Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha sobre los contratos firmados por el Gobierno regional en ese ejercicio, donde se avisaba de la falta de objetividad en algunas adjudicaciones y se advertía de que en casi la cuarta parte de los expedientes (más de la mitad el caso del Sescam) se producían incidencias en la comprobación del gasto.

En concreto, en el edicto hecho público ayer por el Tribunal de Cuentas se informa de que este juicio contable se abre ante «el posible descubierto producido en los fondos públicos como consecuencia de las irregularidades detectadas en los expedientes de contratación», todo ello documentado por la Sindicatura castellano-manchega en su informe definitivo sobre la contratación de la Junta en ese año.

El procedimiento a seguir será el de ‘reintegro por alcance’, donde el Tribunal de Cuentas deberá detectar las posibles responsabilidades en el asunto y, en el caso de haberlas, a quién le corresponde el pago de los daños y perjuicios causados a las arcas autonómicas. Se acaba de abrir un plazo de nueve días para que los afectados por este proceso puedan personarse.

No es el único procedimiento que Castilla-La Mancha tiene abierto por esta vía en el Tribunal de Cuentas. A finales del pasado año se inició el juicio para determinar las presuntas irregularidades del convenio de publicidad firmado por la ya extinta empresa pública ‘Don Quijote’ y una línea aérea durante la última etapa del Gobierno socialista, que ascendió a 3,24 millones de euros.

Pero volviendo al caso de los contratos, el Síndico de Cuentas publicó en febrero de 2012 su informe definitivo sobre la contratación pública durante el ejercicio 2007. Un documento donde se recomendaba al Gobierno regional incrementar los controles sobre la calidad de los proyectos aprobados y su viabilidad práctica, «a fin de evitar modificaciones de obra derivadas de errores e imprevisiones en los proyectos iniciales que den lugar a desviaciones significativas en los costes y plazos de ejecución».

También se aconsejaba aumentar el rigor en la exigencia del cumplimiento por parte de los contratistas de los elementos del contrato que hayan servido como criterios determinantes para la adjudicación del procedimiento de contratación y, también, en la elaboración de la previsión de anualidades en contratos.

Finalmente, se recomendaba un registro contable «adecuado» de los gastos derivados de la contratación administrativa en sus diferentes fases, potenciar el seguimiento de los contratos celebrados, «evitando modificados que no estén plenamente justificados» y reformar el control interno.