El secretario de Estado de Medio Ambiente, Francisco Ramos, aseguró la pasada semana en el Senado que la aprobación del Plan Especial del Alto Guadiana ha permitido una mayor simplificación en la normativa, ha eliminado mecanismos de intervención ineficaces y lentos y, finalmente, la inseguridad jurídica en la transposición de directivas comunitarias. Ramos, que compareció en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta, subrayó que el nuevo Plan busca «unas reglas claras y sencillas», y destacó el avance que ha supuesto la inclusión de una disposición específica en materia de agua para la cesión de derechos que impida un nuevo deterioro del acuífero y mantenga la sostenibilidad de las instalaciones agrícolas que existen en la zona, además de una reordenación de los derechos de uso de las aguas.
«En la transmisión de derechos -dijo- gana lo público en tanto que hay una renuncia, aparte del uso de la concesión que se tenía de agua. Por tanto, es un diseño en el que ganamos todos, que ha funcionado razonablemente bien y que debe ser el embrión para una solución de situaciones parecidas que tenemos en otros puntos del país».
Tras subrayar las aprobaciones de los diferentes planes de cuenca en esta legislatura, aseguró que el Ministerio está trabajando intensamente ahora para tener aprobados a finales de año todos los planes hidrológicos de las cuencas intercomunitarias, es decir, aquellas que son de competencia estatal.
Además, recordó que el 24 de mayo se abrió el período de consulta pública de las demarcaciones hidrográfica de diferentes cuencas, entre ellas, la del Tajo y Guadiana, y aseguró que al finalizar el año 2015 estará finalizado el segundo ciclo de planificación de los planes hidrológicos.
En este contexto, felicitó a todas las confederaciones hidrográficas y a sus equipos porque «han hecho una gestión envidiable de las lluvias que nos hemos encontrado y de la gestión de sus embalses», porque España podía haber tenido «serios daños si no hubiera tenido a estos funcionarios tan profesionales» para gestionar unas crecidas realmente importantes. «Ha sido la regulación y el conocimiento que en España tenemos de las cuencas hidrográficas lo que ha permitido evitar daños mayores», afirmó.
Fiscalidad verde. Por último, en relación con la fiscalidad verde, el número dos del Ministerio reconoció que se trata de ir trasladando impuestos tradicionales hacia otros que orienten la conducta de los ciudadanos o de las empresas hacia fórmulas más compatibles o sostenibles.
«Es una traslación, no en sí un aumento de la fiscalidad o de la presión fiscal. Ya ha anunciado el Ministerio de Hacienda que está interesado en desarrollar estas figuras y, por tanto, se van a ir aprobando distintos impuestos medioambientales. Algunos se han desarrollado ya, otros quedan pendientes de desarrollar a lo largo de la legislatura», concluyó.