El debate parlamentario en las Cortes de Castilla-La Mancha ha dejado muchos momentos cruciales del pasado año 2013. Las diferencias entre los dos grupos con representación parlamentaria han quedado más que patentes y el consenso brilla por su ausencia en el balance legislativo del año que ya hemos dejado atrás. De hecho, tan sólo una de las diez leyes aprobadas durante el año 2013 en las Cortes castellano-manchegas alcanzó la unanimidad de los dos grupos en la votación en el Pleno. Se trata de la Ley 7/2013, de 21 de noviembre, de adecuación de procedimientos administrativos y reguladora del régimen general de la declaración responsable y comunicación previa, más conocida como la Ley del silencio administrativo.
Ésta prácticamente no generó debate y ambos grupos coincidieron en la necesidad de adaptar y actualizar estos procedimientos a los nuevos tiempos; pero no ocurrió lo mismo con la norma, sin duda, más polémica del último año en el Parlamento regional. Fue la tercera que se aprobó, en concreto el 9 de mayo, para la compensación a las víctimas del incendio de Riba de Saelices de 2005. Una promesa que realizó la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, y que el PP aprobó en solitario ante el rechazo de la bancada socialista por considerar que los familiares de las víctimas -que mostraron su perplejidad por la posición del PSOE- ya habían sido indemnizados.
Entre la más consensuada y la más polémica hay otras ocho leyes que tampoco lograron poner se acuerdo a PP y PSOE. Tres de ellas, del ámbito económico, conllevaron en su debate cruce de acusaciones y volver a sacar a la palestra en numerosas ocasiones la ‘herencia recibida’ y la constante crítica del Partido Socialista a la política económica del Gobierno regional. La aprobación de estas tres leyes (Medidas Tributarias, Acompañamiento a los presupuestos y Presupuestos para 2014) ha sido la más reciente -en un mes- y se produjo con los votos a favor de los diputados ‘populares’ y el rechazo en la votación de los diputados socialistas, tras largos debates de enmiendas -la mayoría del PSOE- que no consiguieron en ninguno de los casos el respaldo del PP.
Y, por último, el consenso estuvo más cerca en la mitad de las leyes aprobadas en 2013 -Comercio, Juego, Patrimonio Cultural, derogación de la Ley del Vino y regulación del Servicio Jurídico de la Junta-, en cuya tramitación parlamentaria se produjo un acercamiento de posiciones e incluso en algunos momentos se llegó a anunciar un posible consenso. Sin embargo, la tónica general se impuso y estas cinco leyes salieron adelante con el único apoyo del Partido Popular.