El debate en torno a la proliferación de macrogranjas porcinas se ha extendido por diferentes comunidades autónomas. En Castilla-La Mancha, donde se ha producido en los últimos años una escalada de autorizaciones de macrogranjas, sobre todo de cerdos, ha surgido una creciente protesta vecinal a través de plataformas locales que han terminado ‘cuajando’ en un grupo regional: la Plataforma Stop Macrogranjas Pueblos Vivos.

Su portavoz, Inma Lozano, celebra el«ruido» que se ha levantado en la comunidad autónoma en contra de estas instalaciones que solo traen «despoblación».

Desde la Plataforma denuncian que los municipios están «desprotegidos» ante este tipo de explotaciones por la falta de recursos humanos, técnicos y de normativas municipales y anuncian que van a trabajar con los ayuntamientos para elaborar una normativa que garantice el menor impacto medioambiental, económico y social.

Lozano señala que, ante la pasividad de la Junta de Comunidades, que «ha abierto la puerta a la instalación masiva de macrogranjas» en Castilla-La Mancha, la responsabilidad está recayendo en los consistorios y muchos de ellos «no tienen herramientas para paralizar los proyectos». Por eso,«estamos trabajando en la elaboración de ordenanzas en tema de vertidos de residuos, lodos y purines y en todo lo que concierne al planeamiento urbanístico que limite este tipo de instalaciones, ya que es el único margen competencial que tienen los ayuntamientos dentro de su autonomía local», explica.

El municipio de Alpera, donde el grupo DIAG ha presentado proyecto, es pionero en elaborar una normativa de este tipo, pero no el único. Hay otros muchos pueblos que ya han empezado como Priego, Mota, Villalba, San Pedro o Higueruela. «No podemos dejar que el futuro de los pueblos lo decida un gobierno o se judicialicen todos los expedientes administrativos.

Por lo pronto, recuerda Lozano, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ya ha emitido sentencias desfavorables a estas explotaciones y «esperemos que pronto vayan recayendo otras en los recursos contenciosos administrativos en trámite», subraya.

A fecha de hoy, según los datos que maneja Ecologistas en Acción, más de 200 proyectos de macrogranjas sobrevuelan las cinco provincias de Castilla-La Mancha, un dato que se ha multiplicado exponencialmente desde que el Gobierno regional incluyó al porcino como sector estratégico con importantes subvenciones de hasta el 65 por ciento de la inversión, con un máximo de 100.000 euros, lamenta la organización ecologista.

«¿A qué precio vamos a ser los mayores exportadores de gorrino a China?», se pregunta Lozano, que asegura que el Plan de Desarrollo Rural desarrollado por la Junta de Comunidades respecto a esta problemática ha errado en la diana.

La burbuja china puede pinchar. China ya es el mayor comprador de carne de cerdo española, por encima de Francia e Italia. En 2016 copó el 45 por ciento de las exportaciones extracomunitarias.

El interés chino en la carne de cerdo ha hecho que la ‘España vacía’ se llene de granjas de cerdos de gran tamaño. Este tipo de explotaciones no solo han recalado enCastilla-La Mancha, también lo han hecho en Aragón o Castilla y León. Se trata habitualmente de explotaciones impulsadas por ganaderos que sirven a los mataderos de las grandes procesadores de carne porcina, como pueden ser Incarlopsa o El Pozo, con los que firman contratos de venta de animales.

El problema es que se está convirtiendo en un burbuja y, como cualquier burbuja, se puede pinchar. Cuando China encuentre una zona más barata, se marchará y los ganaderos se quedarán con la deuda.

Con todo, la Plataforma regional va a seguir luchando para que la ganadería intensiva deje de ser considerada un sector estratégico, pues, insiste Lozano, «no podemos presumir de ser los mayores productores de carne barata y de baja calidad», cuyo sistema de producción pone en riesgo los acuíferos, el medio ambiente y la salud. «Queremos que las administraciones apuesten por modelos sostenibles extensivos y de calidad y descarten subvencionar la ganadería industrial, porque no crea riqueza ni desarrollo, al contrario, fomenta la despoblación porque nadie quiere vivir en un pueblo donde no puedan ni abrir la ventana por los malos olores ni el grifo por tener las aguas contaminadas», zanja la portavoz de la Plataforma Regional Stop Macrogranjas.