Las nuevas tendencias, inventos e innovaciones que pone en marcha cierto sector hostelero para turistas extranjeros en las zonas costeras de este país, no deja de asombrar a propios y extraños. La denigrante práctica conocida como mamading (felaciones a cambio de copas gratis todo el verano) o las fiestas etílicas en barco, han vuelto a despertar la preocupación de los poderes públicos, la sociedad civil y las familias, que ven con aturdimiento las facilidades y la falta de control en el suministro de alcohol a los jóvenes, a pesar del daño que a todos los niveles puede ocasionar un consumo reiterado.
Recientemente, el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín, alertaba del «arraigo» del fenómeno del botellón entre los menores y de la elevada frecuencia de las borracheras y de los atracones de bebidas alcohólicas, cuyo uso se está «generalizando». De hecho, la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias 2012-2013 revela que más de la mitad de los menores de entre 14 y 18 años han hecho botellón en el último mes y que a los 14 años, uno de cada cuatro ha bebido alcohol en la vía pública.
Desde hace un par de años, la ciudad de Albacete cuenta con una ordenanza cívica en la que expresamente se prohíbe la práctica del botellón, a excepción de dos ocasiones al año: la Feria de septiembre y Jueves Lardero. Se trata de una normativa con rango de ordenanza municipal que, a juzgar por la lectura de las multas, están dando los resultados esperados por el gobierno municipal de Carmen Bayod: reducir el número de grupos de jóvenes consumiendo alcohol en la calle, si bien no los ha eliminado del todo.
Entre enero y junio de este año en curso, la Policía Local de Albacete había puesto 71 denuncias por la práctica del botellón, un 27% menos que en el primer semestre de 2013 en el que se acumularon 98 sanciones por beber alcohol en la vía pública.
Más botellón en mayo. Del análisis de estas cifras, facilitado a este diario por la concejala de Medio Ambiente, Rosa González de la Aleja, se desprende que mayo ha sido el mes en el que se incoaron más expedientes, un total de 30. Sin embargo, no ocurrió lo mismo en el primer semestre de 2013, donde abril fue el mes que registró más denuncias por botellón. Como dato curioso, el mes de noviembre del año pasado fue el de mayor actividad de consumo de alcohol en la calle, pues llegó a superar las 43 sanciones por incumplir la normativa municipal.
Para la concejala de Medio Ambiente, la entrada en vigor de la ordenanza cívica está demostrando que cada vez los grupos de jóvenes que practican botellón son «más residuales» y salen a la calle a beber en fechas «muy específicas».
Cabe recordar que esta práctica prohibida está penalizada en la ordenanza cívica con multas de entre 120 y 1.500 euros, sanciones que se pueden cambiar por 24 horas de trabajo en beneficio de la comunidad. Pues bien, en el primer semestre de este año, aproximadamente el 50% de los 71 jóvenes que han sido multados han optado por realizar trabajos en beneficio de la comunidad, actividad que realizan de forma gratuita en instalaciones de titularidad municipal como escuelas infantiles, el albergue y centros socioculturales. «Es la primera vez que la ordenanza cívica recoge este tipo de alternativa al pago de la multa», resalta González de la Aleja, quien también considera «un número elevado» los jóvenes que han decidido realizar horas de voluntariado social, lo que supone «un paso más hacia la concienciación y sensibilización de este colectivo respecto al incumplimiento de las normas».
La Policía Local de Albacete es la encargada de levantar acta cuando cualquier persona, tanto mayor como menor de edad, esté consumiendo alcohol en la vía pública. Inmediatamente da traslado a la Concejalía de Medio Ambiente, área encargada de incoar el expediente sancionador y de notificar al infractor tanto la sanción como que tiene un plazo de 15 días bien para alegar la multa, bien para pagarla o bien para realizar trabajos en beneficio de la comunidad. Si se trata de un menor de edad, la ordenanza cívica establece que debe asistir a un curso de formación e información, cuestión que ha sucedido una sola vez desde que entró en vigor esta normativa. En el caso de reincidencia, la solución de Medio Ambiente es incrementar la cuantía de la infracción a 300 euros o pasar de las 24 a las 48 horas de trabajos en beneficio de la comunidad.
Respecto a los puntos calientes, aquellos donde se sigue detectando que se practican el botellón, la edil popular confirma que siguen siendo zonas verdes como La Pulgosa y el Parque Lineal, plazas como la de la Catedral y el Campus universitario.