La Junta ha decidido abrir las puertas de los museos a las empresas. El Gobierno regional dio ayer el visto bueno al Anteproyecto de Ley de Museos, que incorporará «fórmulas de colaboración con el sector privado» para conservar estas instituciones. El portavoz del Ejecutivo autonómico destacó que ésta es una de las novedades más importantes de esta normativa. «Hay que añadir estas nuevas fórmulas de participación en este ámbito que pueden ser muy interesantes, no sólo desde el punto de vista patrimonial, sino también desde el punto de vista económico en su vertiente turística», defendió.

El Gobierno regional trabajó primero con un borrador que recogía la figura del patrocinio para poder mantener las puertas abiertas de los museos en el día a día y también para financiar proyectos concretos. Después de un año entero de negociaciones, las fórmulas de colaboración privada se han mantenido en el Anteproyecto de Ley. Ahora sólo queda que el texto pase la criba jurídica del Consejo Consultivo y que después se remita a las Cortes regionales para su refrendo definitivo. El portavoz del Gobierno confía en que se pueda quedar aprobado en este periodo de sesiones; es decir, antes del verano.

Ésta será la primera ley específica que tendrá Castilla-La Mancha sobre museos. Esteban destacó que en su elaboración «ha habido un periodo de exposición pública muy amplio y muy fructífero». Explicó que han sido muchas las personas, asociaciones o entidades que han hecho sugerencias para enriquecer el texto final.

Más de dos millones de visitas al año.

Según los datos que maneja el Gobierno, cada año los museos de la región reciben dos millones y medio de visitas. En esta cifra se contabilizan todos los museos que hay en Castilla-La Mancha, con independencia de la administración a la que pertenezcan. Esteban habló de una «importante afluencia de visitantes», pero sin contabilizar el peso de los turistas de fuera, un castellano-manchego apenas va una vez al año a un museo de su comunidad.

Esta nueva iniciativa completará el cambio legislativo que ya emprendió la Consejería de Educación y Cultura con la Ley de Patrimonio, aprobada el año pasado.