La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ganó esta semana una importante batalla contra el uso de la fractura hidráulica o fracking pero, pese a su importancia, sigue siendo una batalla, porque hacia el sudeste, en una zona que se encuentras entras las provincias de Albacete, Alicante y Murcia, hay varios proyectos que siguen muy vivos.

Esta semana, el Tribunal Constitucional daba la razón al Gobierno de Castilla-La Mancha y declaraba a ajustados a la Carta Magna varios preceptos de la Ley de Castilla-La Mancha de 9 de marzo, por la que se establecen medidas adicionales de protección de salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburo utilizando la técnica de la fractura hidráulica.

Como se recordará, la Ley contra el fracking en nuestra región no lo prohibe de forma expresa; de hacerlo, el Constitucional habría fallado a favor del Gobierno, como ya sucedió en el pasado con las leyes promovidas por los gobiernos del País Vasco, Navarra, La Rioja, Cataluña o Cantabria. El motivo es que el TCentiende que la prohibición de una técnica de prospección y explotación de hidrocarburos, convencionales o no, es competencia exclusiva del Estado.