Unos 500 agricultores de nueve municipios del este de Albacete mantuvieron recientemente una reunión en la localidad de Higueruela para debatir el problema creado por la aplicación de una sentencia del Supremo que afecta de lleno a la actividad agraria en las áreas conocidas como ZEPA.

En diciembre, el Tribunal Supremo anuló una orden, promulgada en 2012l, que regulaba las plantaciones de viña en espaldera en áreas ZEPA, de las que hay cinco en la provincia: Sierras de Alcaraz y Segura, Hoces del Júcar,  Hoces del Cabriel, Zona Esteparia del Bonillo y Área Esteparia del Este de Albacete.

En las cuatro, hay cultivos leñosos, especialmente viñedo y almendro; pero la que ha resultado ser más conflictiva es la última, en las que se encuentran varios de los   viñedos más productivos de la provincia, repartidos entre los municipios de Almansa, Alpera, Bonete, Chinchilla, Corral Rubio, Higueruela, Hoya Gonzalo, Pétrola y Montealegre del Castillo.

Esta ZEPA, formada por varios  espacios discontinuos, suma unas 25.757 hectáreas. En 2010, un estudio de la Universidad Regional determinó que  dentro de la ZEPA ya había 6.424 hectáreas de viñedo, y que, en potencia, casi el 25% de su superficie era apta para la transformación o adaptación de viñedos en espaldera.

LA ORDEN DE COSPEDAL. En junio de 2012, la entonces presidenta de la región, María Dolores de Cospedal, anunció una orden «en la que se eliminarán muchas de las trabas existentes en la actualidad tanto para nuevas plantaciones como para transformación a espaldera».

Esta orden supuso la transformación de nuevas superficies en toda la región, incluyendo los municipios orientales de Albacete. El problema que, en diciembre de 2015, el Supremo anuló la norma por vulnerar la legislación europea, estatal y regional sobre evaluación de impacto ambiental.

El problema, según explicaba  Juan Miguel Cebrián, de Asaja-Albacete, tiene que ver con los alambres que se usan para montar las espalderas «y que suponen un obstáculo para ciertas clases de aves», como la avutarda.

Cebrián, que también es viticultor en activo, pero en la zona de La Manchuela, señalaba que el problema se da durante los dos primeros años «que es lo que tarda en crecer la madera; cuando ya está crecida, el animal la reconoce y ya no hay riesgo».

DE SOPETÓN. No obstante, Cebrián manifestó su disgusto «porque una vez más, a las gentes del campo no nos han tenido en cuenta, este problema nos lo hemos encontrado de sopetón, esto es, nadie nos dijo nada y nos hemos enterado con la sentencia y la gente ya tenías las inversiones hechas».

Por su parte, Ramón Sáez, de UPA, señalaba que «en estos momentos, lo que se debate es que la sentencia del Supremo no se aplique de forma retroactiva, porque  podría ser un problema enorme, tanto para los afectados como para la Administración, hablamos de  devolución de ayudas, pues estas transformaciones a espaldera recibieron ayudas, y hablamos de posibles reclamaciones por lucro cesante a la Junta, ya que los agricultores hicieron estas transformaciones de buena fe».

Para UPA, la mejor solución es mantener lo ya existente, aplicar medidas correctoras en las zonas más problemáticas y compensar a los agricultores afectados a través del Programa de Desarrollo Rural , que incluye medidas compensatorias para los agricultores cuyas explotaciones queden dentro de espacios naturales protegidos.

En cuanto a los agricultores que tomaron parte en la reunión de Higueruela, a la que asistieron los alcaldes, así como representantes de Asaja, UPA y COAG, acordaron la creación de un grupo de trabajo, con representantes de cada municipio afectado, para negociar con la Junta posibles soluciones a este problema.