El próximo jueves, la Diputación de Albacete celebrará el Pleno para aprobar los presupuestos de 2018, con más de medio año de retraso y con un precio que algunas fuentes empiezan a considerar oneroso: la posible salida de la casa de 150 trabajadores interinos.

La semana pasada, los grupos  que sostienen la mayoría en la Corporación, el PSOE y Ganemos-IU, alcanzaron un acuerdo por el que los socialistas conseguían la aprobación de las cuentas de este año, mientras que la coalición anunciaba el compromiso de sacar una nueva Oferta de Empleo Público.

Dicha oferta, según se explicó desde Ganemos-IU, incluirá unos 150 puestos de trabajo que ahora ocupan trabajadores interinos. En la actualidad, la plantilla de la Diputación ronda los 900 trabajadores, de los que la cuarta parte, aproximadamente, son interinos.

Esta propuesta ya ha pasado por la Mesa General de Negociación dos veces y ha generado las primeras reticencias, no por el objetivo del acuerdo en sí -lo que nadie cuestiona- sino por la forma en la que se quiere hacer, el ‘cómo’.

La primera vez que se debatió este asunto fue en una Mesa General de Negociación celebrada el martes 3. La propuesta señalaba que la nueva Oferta de Empleo Público del año 2018 se aprobará mediante decreto y «contemplará todas las plazas vacantes dotadas presupuestariamente» a la fecha de adopción del acuerdo.

La medida también afectaría a las plazas que sean «susceptibles» de cubrirse mediante procesos de consolidación de empleo, así como por el 100% de las vacantes en los servicios esenciales.

Según las fuentes consultadas por La Tribuna, en la primera versión de la propuesta había un último párrafo que decía: «una vez publicada la oferta de empleo público, se iniciarán de inmediato los procesos de selección, anteponiendo sobre el concurso de provisión de puestos de trabajo la convocatoria de aquellas plazas afectadas por los procesos de consolidación de empleo».

Esta frase, según precisaron dichas fuentes, significaba que los trabajadores que ocupan sus plazas como interinos se quedaban sin la opción de consolidar su puesto y debían competir, para poder quedarse con su plaza, con los candidatos que lleguen de fuera.

El mismo día de la Mesa, los tres principales sindicatos de la Diputación -CCOO, UGT y CSIF- emitieron una nota informativa conjunta, dirigida a todos los trabajadores, en la que dejaban claro cuál era su criterio sobre este  asunto.

«Propondremos que el mayor número de las plazas posible se oferten a través de consolidación de empleo temporal -señalaba la nota- y en cuanto al resto de plazas propondremos que se tenga en cuenta el tiempo que están ocupadas para proveerlas o bien por promoción interna, por concurso-oposición libre o por el turno libre».

La toma de posición de los tres sindicatos mayoritarios en la Diputación surtió efecto, pues el viernes, en una nueva Mesa, el último párrafo de la propuesta se ‘cayó’ del  texto pero aún así, todavía sigue sin estar claro de qué forma se quieren ‘consolidar’ estas plazas.

Otro asunto igual de espinoso que el mecanismo es qué plazas, y cuántas, se verán afectadas, y cuáles irán a consolidación o serán de acceso libre. En la Mesa General del día 3, además de la cifra global de 150 trabajadores, se habló de unos 50 bomberos y casi 60 trabajadores del área sociosanitaria, y de unos 40 trabajadores más de otras áreas y servicios.

Además, las mismas fuentes señalan que la mayoría de los afectados cuenta con una larga trayectoria, por encima de los 10 años y, en algunos casos, por encima de los 20 ó 25 años de servicio continuado en la institución.