Barcelona «se ha convertido en la capital del vandalismo y de los antisistema», a raíz de los incidentes registrados desde el pasado día 23 tras el desalojo, en pleno barrio de Gràcia, del conocido como banco expropiado. Esa es la impresión del Gobierno central y, en concreto, el parecer transmitido ayer por el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, que tachó el escenario vivido por la ciudad en los últimos días como de «un espectáculo triste». 

Así lo aseveró el popular en un almuerzo-coloquio realizado en el Círculo Ecuestre de Barcelona, donde recordó que «quien siembra vientos, recoge tempestades» y reiteró su apoyo, respeto y solidaridad a los agentes de los Mossos d’Esquadra que participan en los dispositivos policiales. 

Fernández-Díaz lamentó, además, que «la nueva convergencia consista en pagarle el local a los okupas», y manifestó su preocupación por los disturbios y por el hecho de que puedan volverse crónicos. «Una cosa es no hacer lo que tienes que hacer, hacer dejación de la autoridad en relación a los que hacen de la desobediencia a la ley, su norma de conducta y quieren imponer su voluntad por la vía de la fuerza. Y otra, encima, es invitarles a la fiesta y pagarles el alquiler», afirmó.

De igual modo, al ser preguntado por las pocas detenciones producidas en los disturbios de Gràcia -dos arrestos en siete días de movilizaciones-, el ministro apuntó que «habrá algo que lo explicará» y repitió que la Brigada Móvil (Brimo) de los Mossos es «una buena policía». 

El popular lamentó también que haya manifestantes que «con unas acciones vandálicas, se salten la ley impunemente» y subrayó que es necesario respetar la ley para mantener una convivencia pacífica, libre y democrática. 

Asimismo, tiró de ironía al valorar la actitud en la gestión del llamado banco expropiado por parte del anterior Ejecutivo municipal de Convergència, haciendo alusión entonces al proceso de refundación que vive el partido liderado por Artur Mas.

«¿La nueva CDC en qué consiste, en pagar el local a los okupas? Hemos dado un salto cualitativo muy significativo», sentenció.

 

RETOMAR LA CONVIVENCIA. Mientras, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, llamó a «retomar la convivencia» en Gràcia tras los disturbios de la última semana, para lo que volvió a pedir la mediación de las entidades vecinales. 

Con todo, la regidora de la Ciudad Condal agradeció el «esfuerzo de contención de todas las partes» que, a su juicio, ha facilitado que los enfrentamientos entre Policía y manifestantes hayan sido menores en las últimas horas. 

De igual forma, Colau sostuvo que, tras la primera reunión mantenida con las asociaciones de vecinos del barrio que hicieron el pasado jueves, mantendrán «tantas como haga falta» y reclamó también su intermediación. 

Por su parte, el comisario jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, mantuvo que muchos de los manifestantes «violentos» de Gràcia no son de la zona. Así lo explicó en una entrevista radiofónica en la que matizó que no forman parte del colectivo del banco expropiado y minimizó la cantidad de vecinos que están en contra de la actuación policial. «En Gràcia hay unos 120.000 habitantes, de los que protestan unos 200 o 300, y de ellos unos 50, 60 o 100 gritan fuera Policía», apostilló. 

Trapero mantuvo, además, en relación a los altercados registrados el pasado domingo, que los Mossos intentaron detener a un grupo de unos 50 manifestantes rodeándolos, pero no tuvieron éxito porque las calles de la zona son muy estrechas y con difícil salida. 

El comisario jefe negó también que los agentes hayan actuado desproporcionadamente, aunque, a su entender, sí lo han hecho algunas personas que protestan, y alertó de que «un día habrá una desgracia», ya que se corre el riesgo de que el fuego de los contenedores, coches y motos que se han quemado salte a algún inmueble. 

Finalmente, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona y la Asociación de Vecinos de la Vila de Gràcia exigieron encontrar soluciones inmediatas ante la situación que se vive en la zona desde hace justo una semana, y plantearon que el banco expropiado es un espacio que las entidades del barrio consideran que «tienen todo el derecho a reclamar para fines sociales».