El último informe de la Sindicatura de Cuentas, dado a conocer ayer y que versa sobre la rendición de las cuentas del sector público local en 2011, vuelve a dar un tirón de ojeras a las administraciones por su insistente falta de control presupuestario. Un descontrol que se refleja muy bien en el análisis de la llamada ‘cuenta 413’, un término contable que apunta a los «acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», es decir, las ya tristemente famosas facturas guardadas en el cajón.

En total, el bloque de la administración local de la región -ayuntamientos, diputaciones y consorcios- tenía guardadas más de 64,4 millones en facturas sin pagar, 52,8 millones sólo en los archivos de los ayuntamientos, lo que representa «el 2,93 por ciento del total de obligaciones reconocidas netas en el ejercicio 2011».

15 millones en Puertollano. Especialmente llamativo es el caso de Puertollano, en la provincia de Ciudad Real, que acumulaba a 31 de diciembre de 2011 más de 15,5 millones en este ‘limbo’ de pagos pendientes. Le siguen, aunque de lejos, el Ayuntamiento de Toledo capital, con 3,2 millones, y el de Hellín, en Albacete, con 2,4 millones.

Las mancomunidades son tras los ayuntamientos las entidades locales que más hacen uso de su la ‘cuenta 413’, o para ser más precisos, la Mancomunidad del Río Algodor, en la provincia de Toledo, con más de 10,5 millones apuntados en este apartado ella sola.

En cuanto a las diputaciones provinciales, éstas han cargado a este concepto 784.000 euros, el 0,15 por ciento de sus obligaciones de pago reconocidas netas.

Problemas en la tesorería. Otro dato sobre el que llama la atención la Sindicatura de Cuentas en su informe es la evolución a la baja de la liquidez de los ayuntamientos. En concreto, el remanente de tesorería de estas administraciones se redujo a la mitad durante 2011, según alerta este informe. A su juicio, es necesario corregir la evolución en el número de entidades locales que presentan estos ‘números rojos’.

Y a pesar de las medidas de ajuste implantadas por los municipios y provincias en estos últimos años, el Síndico sigue recomendando reducir su carga financiera, con el fin de modificar la evolución de la deuda agregada del sector público local y «minorar su volumen durante los siguientes ejercicios para alcanzar la estabilidad presupuestaria».

En conclusión, la Sindicatura vuelve a recetar a los ayuntamientos medidas de reajuste y cumplir el principio de equilibrio o superávit.