Cinco años se cumplen de la crisis que UGT en Albacete vivió tras la suspensión y posterior salida del sindicato del entonces secretario provincial, Eduardo Mayordomo, y también del secretario provincial de la Federación de Servicios Públicos, Marcelino Redondo. Ahora ha llegado el momento de que los afectados reclamen a la organización, entendiendo que el proceso contra ellos no llegó a ninguna resolución, y durante el mismo se lanzaron graves acusaciones contra ambos. Ayer, en el Juzgado Número 5, se celebró el acto de conciliación previo a la demanda civil interpuesta por Redondo, pero nadie de UGT se personó, según explicó a La Tribuna Mariano López Ruiz, abogado que representa tanto a Redondo como a Eduardo Mayordomo. El acto de conciliación para la demanda de Mayordomo es el próximo día 16, y en ambos casos reclaman al sindicato 100.000 euros por vulneración del derecho al honor.
Eran los órganos confederales de UGT los llamados a comparecer ayer, porque fueron éstos los que iniciaron el proceso tras la denuncia de infracciones, tal y como explicaba ayer Carlos Pedrosa, que recordaba que en el caso de Redondo «fue una denuncia de la Federación de Servicios Públicos la que motivó su suspensión». En el caso de Mayordomo, la denuncia por irregularidades graves que no se han aclarado sí la puso la Unión Regional de UGT.
El abogado de los afectados, López Ruiz, aseguró que tras el acto de ayer siguen adelante y explicaba los motivos de las demandas: «Esta conciliación previa nos sirve para actuar tanto penalmente como civilmente. Iniciaremos el procedimiento civil, porque no pueden dejar un procedimiento en el que les acusan de graves irregularidades así; no nos contestaron, y queremos que el proceso finalice. Lo que nos contestaron es que yo no soy quién para representarlos, y que ya no son afiliados de UGT». López Ruiz dijo que no descartan acudir a la vía penal: «Eran imputaciones muy graves, y ellos han sufrido bastante, en el aspecto mental, médico, problemas familiares... Lo que hizo UGT es como tirar la piedra y esconder la mano, lanzaron las acusaciones, y al final no tomaron ninguna resolución motivada».
La salida de ambos sindicalistas supuso incluso una denuncia posterior contra 17 afiliados que pidieron públicamente la dimisión de Pedrosa y de Carmen Campoy, dirigente regional de la FSP.