El Gobierno quiere dotar de más derechos y de plenas garantías a todas las víctimas que sufran un perjuicio físico, moral o económico a consecuencia de un delito, y también a sus familiares. Por ello, los ministros del Interior, Jorge Fernández Díaz; de Sanidad, Ana Mato; y de Justicia, Alberto Ruiz- Gallardón presentaron ayer junto a representantes de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Asociación de Víctimas del Accidente de Spanair y de la Fundación Ana Bella el Estatuto de la Víctima de Delito, que contribuirá a luchar contra la violencia de género, los actos terroristas y los siniestros de tráfico delictivos y que el Ejecutivo aprobará este próximo viernes en Consejo de Ministros. La nueva normativa potenciará, «más que nunca», señaló Gallardón, la protección de los damnificados, cuya principal novedad es que podrán recibir información sobre el proceso penal del agresor, recurrir su libertad condicional, siempre y cuando las penas de prisión sean superiores a cinco años, así como pleitera los beneficios penitenciarios que se conceda al encausado.

Además, el texto también recoge otras posibilidades como el sobreseimiento o archivo de la causa «aunque la víctima no esté personada en la misma», explicó el popular, que destacó la «profunda participación y consenso» con la que ha contado este texto.

 El titular de Justicia anunció que el objetivo es «reducir al mínimo el dolor» de los afectados y tratarles «con la máxima dignidad» para que, a lo largo del proceso judicial, su sufrimiento «no se vea amplificado» al tener que recordar lo vivido ante el tribunal. Asimismo, señaló que la nueva norma les asegura una gratuidad tanto en el proceso jurídico como en los servicios de traducción.

Otra de las novedades es que los hijos menores que se encuentran en un entorno de violencia de género o doméstica tendrán derecho a las mismas medidas de asistencia y protección que las víctimas de estos delitos.

El político también se refirió al accidente del vuelo JK5022 de Spanair que hace seis años dejó 172 muertos y anotó que, gracias a este nuevo texto, los abogados no podrán acercarse a los damnificados ni a sus familiares en un plazo mínimo de 30 días «para evitar experiencias desagradables como las que ocurrieron por el acoso a estas personas».

Por su parte, el titular del Interior, Jorge Fernández, manifestó su «orgullo» por este Estatuto ya que es una iniciativa «pionera en Europa», pues da «una respuesta humana al sufrimiento».

Y es que la nueva norma contempla derechos para las personas que sufran un siniestro de tráfico considerado delito. Así, el ministro subrayó que en 2012 más de 97.000 personas fueron condenadas en España por algunos de los delito de tráfico tipificados en el Código Penal y recordó que, aunque son perseguidos penalmente, el proyecto impulsado por el Ministerio de Justicia prevé ampliar las garantías procesales y extraprocesales para las víctimas de un siniestro de estas características.

Por su parte, Ana Mato, consideró que la norma «facilita la denuncia» y, de esa manera, «posibilita el fin de la impunidad».