El Consejo de Ministros aprobará hoy la reforma del Código Penal para endurecer las penas por robos agrícolas y ganaderos, después de que se haya incrementado notablemente el número de estos delitos y todas las asociaciones agrarias hayan solicitado al Gobierno la adopción de medidas para frenar esta ola de delincuencia, según confirmó un portavoz del Ministerio de Justicia a este periódico.

Aunque todavía se desconoce el contenido exacto de la reforma, las asociaciones agrarias consultadas aseguran que el nuevo texto tipificará como delito el robo «desde el primer euro», con penas de prisión de 1 a 3 años, además de tenerse en cuenta en la condena la reparación de los daños colaterales que se hayan podido cometer, como costes y tiempo de reparación, interrupción de los trabajos, etc.

Entre las modificaciones previstas del Código Penal también se prevé que se recoja el agravamiento de las penas con hasta tres años para hurtos en «lugares desprotegidos fuera de núcleos urbanos vinculados con carácter agrícola y ganadero».

Además, se incrementará la condena cuando se causen daños y haya hurto de conducciones de suministro eléctrico, telecomunicaciones, cobre o riegos, y se incluirá en el Código «la muletilla con vinculación a explotaciones agrarias».

En segundo lugar, el titular de Justicia se comprometió en el mes de junio con los sindicatos agrarios a que el Grupo Parlamento Popular introduzca una enmienda durante la tramitación de la reforma para suprimir la propuesta recogida en el anteproyecto de Ley Orgánica de Reforma del Código Penal de la consideración como delito de hurto leve, en los casos en que el valor de lo sustraído no sea superior a 1.000 euros, porque de facto supone el aumento del límite actual de 400 euros entre el delito y la falta de hurto.

En el articulado de la nueva ley también está previsto el reconocimiento de la multirreincidencia con penas de prisión desde 4 años. El Gobierno también tendrá en cuenta que el sistema vigente de medidas cautelares no contribuye a la prevención de la comisión de otros delitos, especialmente por parte de delincuentes con varias decenas de detenciones, porque además de causar en los mismos una sensación de impunidad, genera en la sociedad y en el mundo rural, en particular, una creciente alarma social.

Por ello, en la nueva ley se incluirá la previsión de medidas cautelares personales más restrictivas que la libertad provisional, especialmente en el caso de los delincuentes multirreincidentes o profesionales o integrados en grupos organizados.

Por otra parte, el ministro de Justicia se comprometió antes de las vacaciones a estudiar la posibilidad de exigir el pago de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios derivados del hecho punible como «requisito indispensable» para aplicar la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad. Y también aceptó la posibilidad de incrementar las inspecciones y controles en chatarrerías, desguaces y empresas del sector.