La consejera de Economía, Patricia Franco, salió ayer de la reunión semana del Consejo de Gobierno con 23,8 millones bajo el brazo para poner en marcha una nueva convocatoria de acciones formativas para personas desempleadas. El objetivo es llegar en los próximos meses a un total de 7.500 parados a través de 483 cursos.
Como novedad, este año se fusionan la convocatoria genérica de acciones de formación dirigidas a personas desempleadas (Modalidad II), y la específica, que concede ayudas para la ampliación de la oferta en aquellas modalidades consideradas prioritarias, que se basan en el análisis y prospección y detección de necesidades formativas del sistema productivo recogido en el informe anual del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, así como en los datos del Observatorio Regional y de los datos de inserción del alumnado de programaciones anteriores.
Esta convocatoria, dirigida a entidades que cuenten con un centro de formación incluido en el Registro Estatal de Centros y Entidades de Formación, permitirá llevar a cabo acciones formativas programadas de acuerdo a las necesidades detectadas e identificadas como prioritarias, así como aquellas que favorezcan la realización de prácticas profesionales no laborales, las que incidan en la mejora de las competencias lingüísticas, que podrán ser cursos de formación en idiomas o bilingües, así como las que promuevan la innovación por medio de las TIC o que fomenten el espíritu empresarial y el emprendimiento.
En este sentido, Franco quiso poner en valor que esta apuesta del Gobierno regional por la Formación Profesional para desempleados viene avalada por el alto nivel de inserción laboral de los alumnos. «Estamos teniendo grandes resultados, en la convocatoria de 2016, la última cerrada, el 70 por ciento de los alumnos tenía un contrato de trabajo al año de finalizar el curso», insistió.
De este modo, con la puesta en marcha de esta convocatoria, en 2018 más de 12.000 personas se beneficiarán de la formación destinada a personas desempleadas, lo que supondrá una inversión del Gobierno regional de 52,64 millones de euros.
Y si hacemos balance de legislatura, «a finales de 2018, un total de 45.269 personas se habrán beneficiado de acciones de formación dirigidas a personas desempleadas, lo que habrá supuesto más de 188,7 millones de euros en ayudas», añadió la consejera.
Por lo que se refiere a la valoración global de la formación profesional para el empleo, incluyendo tanto la formación dirigida a personas desempleadas como activas, al finalizar 2018, un total de 106.237 personas se habrán beneficiado de acciones de formación profesional para el empleo desde el inicio de la legislatura, lo que significa una inversión del Gobierno de Castilla-La Mancha de más de 215,5 millones de euros en la mejora de las competencias y la empleabilidad de los trabajadores la región.
Las entidades formativas pueden presentar sus solicitudes en un plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, que tendrá lugar en unos días.