El negocio de las pompas fúnebres no está exento de polémicas y denuncias de abuso de posición entre las empresas prestadoras de servicios. Para ejemplo, Albacete, donde en 2016 un grupo de funerarias denunció formalmente ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la Unión Temporal de Empresas que prestaba para el Ministerio de Justicia el servicio de recogida y traslado de cadáveres, un contrato que incluye también otras tareas, como el traslado de los miembros de la Comisión Judicial a las zonas de actuación, limpieza de salas, y destrucción de material residual. La denuncia, que finalmente ha sido archivada, suponía una serie de graves acusaciones para la UTE, según figura en la resolución del caso. Se acusaba a la UTE literalmente de servirse de su condición de adjudicataria exclusiva del servicio judicial de recogida de cadáveres «para conseguir la contratación de otros servicios funerarios por parte de las familias de los fallecidos. Según la denuncia que se archiva, la UTE, «en caso de negativa de los familiares a la contratación de dichos servicios, estaría aplicando unos precios abusivos por los servicios de recogida y traslado cubiertos por el contrato».

Fue en otoño de 2016 cuando se presentó ante la CNMC esta acusación, suscrita por siete funerarias de la provincia, aunque después algunas de esas funerarias se retiraron de la denuncia.