La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha publicó recientemente el decreto que regula la inclusión educativa del alumnado en los centros no universitarios de la región y que entrará en vigor en los próximos días. Una norma que docentes y padres valoran «positivamente», si bien es cierto que los primeros echan en falta más precisión sobre los diferentes tipos de carencias y dificultades del alumnado con necesidades educativas especiales y los segundos insisten en que estas medidas deben dotarse de medios e inversión en los centros. 

Más personal también reclaman los docentes, desde sindicatos como ANPE, para que la puesta en marcha de estas normas sea «una realidad».

Entre las novedades de la norma destaca la flexibilización para alumnos con altas capacidades. Y es que se recoge por escrito  que se podrá conceder a los mismos que permanezcan menos tiempo en las distintas etapas de educación no universitaria. Se indica que esta flexibilización sólo se podrá autorizar cuando haya una evaluación psicopedagógica actualizada que  acredite las altas capacidades intelectuales por parte del alumno y haya garantías de que «podrá alcanzar los objetivos del curso al que accede». Los equipos docentes implicados en cada caso deberán, además, elaborar el Plan de Trabajo del estudiante en cuestión.

En estos casos, queda detallado en la norma que si el estudiante no logra los objetivos propuestos en su plan de trabajo, la medida tendrá un carácter reversible.

El decreto indica también la forma en que se evaluará cada circunstancia y qué programas se pueden impulsar desde la Consejería, desde los centros y desde las aulas para ayudara estos alumnos.

La norma introduce en sus conceptos aspectos que actualizan los valores a respetar en los centros educativos. Así, uno de los principios de la inclusión educativa pasa a ser «la coeducación y el respeto a la diversidad sexual y afectiva, a la identidad de género y a la diversidad de modelos de familia».

A lo largo de sus distintas páginas, regula aspectos como un catálogo de medidas de inclusión educativa que permita a los centros dar respuesta a todo el alumnado, la creación de programas específicos que posibiliten futuras vías de empleabilidad como estrategia de capacitación profesional y prevención del abandono escolar o la definición de los diferentes profesionales -como psicólogos u orientadores, además de los docentes- encargados de dar respuesta a las dificultades de los alumnos con necesidades educativas especiales.

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