El Consejo de Seguridad Nuclear no solo opina o aconseja, sino que también dicta. En el caso del futuro almacén temporal de residuos nucleares (ATC) en Villar de Cañas, en Cuenca, lo que diga el Consejo de Seguridad Nuclear será vinculante. Así lo ha confirmado el Gobierno de España en una respuesta escrita publicada en el Congreso de los Diputados. Y es que recientemente han preguntado por esta cuestión el diputado de IU Cayo Lara, el de Compromís Joan Baldoví y los dos parlamentarios de Amaiur, Iker Urbina y Xabier Mikel Errekondo,
El Gobierno no deja lugar a dudas de que el Consejo de Seguridad Nuclear tiene voz y voto sobre el proyecto del ATC. El informe que debe hacer «además de ser preceptivo, es vinculante en el caso de ser negativo y, si es positivo, es vinculante en cuanto a las condiciones que establezca». Es decir, que el Consejo de Seguridad Nuclear evaluará e impondrá los requisitos necesarios para que la instalación y su funcionamiento no suponga riesgos.
El Gobierno informó del punto en que se encuentra ahora la evaluación del Consejo de Seguridad Nuclear. El pasado 15 de septiembre pidió información adicional a Enresa, la empresa pública que se encarga de la gestión de residuos nucleares, para poder realizar así la evaluación sobre la solicitud de autorización previa del ATC. El Consejo de Seguridad Nuclear pidió información adicional y también aclaraciones en lo que el Gobierno de España define como «el proceso habitual de licenciamiento de una instalación nuclear».
Enresa se comprometió a enviar la información requerida antes del 15 de diciembre. Una vez que esa documentación le llegó al Consejo de Seguridad Nuclear, ahora tiene que estudiarla y decidir si es suficiente o si le requiere a Enresa más información adicional. Así lo explica el Gobierno en la respuesta que se publicó en el boletín del martes 24 de febrero.
También el Ejecutivo aclaró que los plazos para la apertura de esta instalación se mantienen, aunque reconoce que estas previsiones se podrían incumplir por diversas razones como la obtención de las autorizaciones correspondientes. Si todo marcha según lo planificado la instalación de almacenamiento principal del ATC debería estar operativa en el primer trimestre de 2018, pero el almacén de espera de contenedores debería estar listo un año antes, para comienzos de 2017.
Los plazos en este proyecto no son cosa de poca importancia. Y es que, tal y como recuerda el Gobierno, en Francia tienen en estos momentos residuos españoles almacenados, en concreto del combustible gastado de la central nuclear Vandellós I. Está previsto que esos residuos se envíen a Villar de Cañas en la primera mitad de 2017. Y es que si antes de fecha no se retiran, España tendría que pagar una penalización de unos dos millones de euros al mes a Francia. Aunque también se aclara que en gran parte dicha penalización sería devuelta una vez se hubiese concluido con la retirada de esos residuos de suelo galo.