En 2009, la crisis económica ya azotaba con fuerza a todos los sectores, y uno de los más afectados fue el textil. En ese contexto, la compañía Sati Grupo Textil acumulaba pérdidas de unos seis millones de euros por ejercicio, que llegaron a alcanzar los 46 tres años después.

La familia Fisas, propietaria de la empresa con sede en la localidad barcelonesa de La Garriga desde su fundación medio siglo atrás, no podía hacer frente a los vencimientos de la deuda, y la Generalitat, a través de su sociedad pública Avançsa, concedió un préstamo de 2,5 millones de euros del fondo de rescate industrial y concluyó en que la compañía era viable a pesar de su deuda abultada, el espectacular descenso en la facturación y unas malas perspectivas de ventas.

El crédito estaba supeditado al cumplimiento del plan de viabilidad, que llevaba aparejados el despido de 48 trabajadores y una reducción salarial del 9% para el resto, y para hacerlo efectivo los propietarios incorporaron a Manuel Martos como director general, pero la empresa entró en suspensión de pagos en el verano de 2013 y se acogió a un concurso voluntario de acreedores en octubre.

La administración concursal distribuyó la compañía en dos unidades productivas. Una se adjudicó a la francesa Mortelecque, con la intención de explotar la sección de tejidos técnicos, a cambio de una inversión de 1,5 millones de euros y el mantenimiento de más de la mitad de la plantilla de la unidad productiva.

La segunda unidad, correspondiente a la sección de decoración, se adjudicó a la propia sociedad concursada, pero que adoptó el nombre de Mercagaya, constituida en 2011, que se comprometió a aportar una inversión de 900.000 euros y al mantenimiento de cerca de medio centenar de los 190 puestos de trabajo con que contaba la empresa.

Pese a la oposición de los trabajadores y a sus dudas con respecto al plan de viabilidad presentado, se nombró como gestora a Isabel Santos, esposa del Manuel Martos, aunque duró poco, porque cuando la operación del concurso se hizo efectiva el propio Martos volvió como apoderado.

Fue un poco después de que entraran en escena José Miguel Garrido y Saúl Ruiz de Marcos, cuyos nombramientos en el Borme quedaron inscritos el 24 de diciembre de 2013, cuando ya eran presidente del Albacete Balompié y consejero, respectivamente. En la nueva compañía ocuparon cargos análogos, aunque Garrido también figuraba como apoderado solidario. La empresa cambió de denominación social (Sati Fabrics SL) y se procedió a una reducción del capital social por 175.000 euros. Más tarde hubo una ampliación de 96.000 euros.

Las protestas y manifestaciones de los trabajadores llegaron hasta el Parlament de Cataluña, donde el conseller de Empresa y Trabajo tuvo que dar explicaciones en mayo a las preguntas de los empleados.

Lo que era un plan de reflotamiento de la empresa acabó en una liquidación que todavía colea. En julio de 2014, el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona admitió a trámite una demanda del administrador concursal para rescindir la venta del negocio a Mercagaya, ahora Sati Fabrics. Unos días antes Martos cesó como apoderado solidario.

Así las cosas, en noviembre Marta Cervera, titular del Juzgado, anuló la compraventa de la unidad productiva y condenó al comprador a pagar 810.000 euros por daños y perjuicios. La magistrada, según se recogió en la prensa catalana, sentenció que la empresa había encadenado “un incumplimiento tras otro”. De hecho, en febrero de 2014, con Garrido y Ruiz de Marcos ya al frente de la sociedad, la compañía había vendido los telares imprescindibles para mantener la actividad, no había abonado lo acordado en la compraventa (unos 200.000 euros de los 900.000) y había despedido en dos fases a los 55 trabajadores subrogados. Cervera observó un “incumplimiento doloso” y ordenó que Sati devolviese los activos.

A finales de año, Pedro Ruiz Sáez, padre de Saúl Ruiz de Marcos, tomó posesión como consejero, un mes antes de hacerlo en el Albacete Balompié SAD.

El último varapalo ha llegado cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declaró ilegales los despidos de medio centenar de trabajadores de Sati. La sentencia endosa a la empresa la responsabilidad del cierre, estimando que ha sido ella misma “la que, de forma voluntaria, se ha colocado en situación de no continuar la actividad”.

Según el TSJC, la compañía subcontrató con una tercera la producción y le traspasó los telares, cuando este última se dedicaba a la venta de maquinaria y no a la producción textil, entre otras consideraciones.

A final de año comenzó el proceso de desmantelamiento de la maquinaria de la empresa para subastarla, mientras la Generalitat se negaba a hacer público si el préstamo concedido en su día había sido recuperado.