El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía ha trabajado en coordinación con la Comisaría General y grupos de delitos tecnológicos de otras provincias para conseguir desmantelar una red de estafadores que utilizaba el teléfono para vender a empresarios y pymes supuestos anuncios en una revista policial. Ha y 52 personas detenidas en la población alicantina de Elche, en Madrid y en Barcelona. Los datos hechos públicos ayer por la Policía Nacional señalan que la «macroestafa» ha reportado a los ahora detenidos unos 15 millones de euros, y hay más de 150.000 víctimas de la estafa en todo el país.

El comisario jefe de Albacete, José Francisco Roldán, informó de que no hay detenidos en la provincia, pero sí se ha trabajado en destapar la red «desde hace como un año, cuando tuvimos constancia de que se estaban haciendo este tipo de llamadas a empresarios de aquí». Los arrestados están acusados de engañar a sus víctimas haciéndose pasar por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ofrecerles publicar anuncios a bajo coste en revistas de temática policial «que en realidad no tenían distribución pública ni en centros oficiales», explicó la Policía Nacional en un comunicado.

La trama tenía 30 páginas web y más de 60 empresas para intentar ocultar su actividad real y blanquear los beneficios. El líder de la organización llegó a utilizar como testaferros y responsables de sus empresas a «personas de avanzada edad o en precaria situación personal y económica». Los detenidos son el líder de la organización, tres abogados que presuntamente le asesoraban sobre blanqueo de capitales, y trabajadores del entramado. Hay 49 personas que han sido detenidas en Elche, donde además se han registrado ocho domicilios, mientras que en Madrid han sido detenidas otras dos, y una más en Barcelona.

DOS AÑOS DE TRABAJO. A escala nacional la investigación se inició hace dos años a raíz de denuncias de personas afectadas por la estafa y publicaciones de particulares en foros, blogs y páginas web, y ha permitido reunir «miles de datos sobre los integrantes de la trama», que planificaron y perfeccionaron su actividad durante 14 años. Los detenidos se dirigían a trabajadores o responsables de pequeñas y medianas empresas y les ofrecían anunciarse, habitualmente por menos de 400 euros, en revistas impresas y online de temática policial. Sin embargo, se trataba de publicaciones creadas y editadas sólo para este fin, «con contenidos de baja calidad, poco elaborados o copiados de fuentes oficiales», aunque en algunos casos incluían entrevistas y «homenajes» a funcionarios policiales, que desconocían sus prácticas fraudulentas.  A las víctimas se les decía que las publicaciones serían distribuidas en organismos e instituciones policiales, «aunque en realidad cada uno de los ejemplares era enviado únicamente a las víctimas de la estafa», haciéndoles creer que la distribución era real.

La Policía añadía que  los teleoperadores eran «especialmente aleccionados» por el cabecilla de la organización criminal para contactar con las víctimas y solicitar  «colaboraciones» para el anuncio en sus revistas, usando técnicas de telemarketing, y a veces haciéndose pasar por policías.