La Fiscalía Provincial solicita cada año que se prorroguen los plazos de instrucción de más de 400 casos, con el fin de que no se pasen los plazos establecidos para investigar las causas.

Dichos plazos fueron fijados, hace tres años, en concreto el 6 de diciembre de 2015, cuando entró en vigor la nueva redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precepto que establece unos plazos tasados para la investigación judicial de los delitos.

Exactamente establece que las diligencias de instrucción se practicarán durante un plazo máximo de seis meses, aunque el juez instructor, a instancia del Ministerio Fiscal, puede declarar que la causa es compleja, con lo que la instrucción puede extenderse hasta los 18 meses. Además, el juez puede prorrogar el plazo 18 meses más, también a instancia del fiscal. Excepcionalmente, se puede establecer una prórroga con un plazo máximo de duración indeterminada, por concurrir razones que lo justifiquen.

Esta rigidez en los plazos para realizar la investigación de las causas ha provocado muchos problemas a los fiscales, como asegura el fiscal jefe provincial, Juan Francisco Ríos Pintado. «El 324 nos confía una función de vigilar la instrucción de unas causas que nosotros no instruimos, porque es un plazo que fija el juez, aunque los únicos que podemos pedir que se declare la causa compleja somos nosotros. Esto ha supuesto una vigilancia permanente de unas causas que a veces no sabemos ni que existen, por lo que hay que estar semanalmente pidiendo causas o vigilando las causas que hay en los juzgados».

Esto supone un trabajo extra, sobre la gran carga de trabajo a la que ya hacían frente habitualmente los fiscales. «Es una competencia extraordinaria sobre todo el trabajo que ya tenemos y, evidentemente, es difícil de sobrellevar, porque trabajamos con el riesgo de que se pasen los plazos den instrucción».

Por su parte, las asociaciones profesionales exigen que se derogue la nueva redacción del artículo 324.

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